Julio César Morales.
Ante los recientes hechos de violencia registrados en el estado, el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, urgió al Congreso del Estado de Puebla a aprobar la iniciativa para tipificar el linchamiento como delito, con el objetivo de sancionar con mayor severidad a quienes participen o inciten este tipo de actos.
El legislador lamentó el último caso de linchamiento ocurrido en el municipio de Cohuecan, registrado el pasado fin de semana, y reiteró que ninguna persona está facultada para hacer justicia por propia mano, independientemente de que se trate de un presunto delincuente.
Piden esperar la intervención de las autoridades
Andrés Villegas Mendoza señaló que, cuando una persona es detenida por ciudadanos bajo sospecha de haber cometido un delito, corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones y aplicar la ley, por lo que pidió evitar cualquier acto de violencia colectiva.
Subrayó que los afectados deben permitir la intervención de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, ya que recurrir a un linchamiento representa un delito que pone en riesgo la vida de las personas y genera un clima de violencia e impunidad.
Puebla, entre los estados con más casos de linchamientos
El diputado destacó que Puebla se encuentra entre los siete estados del país con mayor incidencia de linchamientos, situación que, dijo, evidencia la necesidad de fortalecer el marco jurídico para prevenir estos hechos y garantizar que quienes participen enfrenten consecuencias legales.
En ese sentido, insistió en que el Congreso debe avanzar en el análisis y aprobación de la reforma para establecer sanciones específicas contra este tipo de conductas.
La iniciativa contempla hasta 15 años de cárcel
La propuesta impulsada por Andrés Villegas Mendoza plantea tipificar el linchamiento como delito en el Código Penal del Estado.
De acuerdo con la iniciativa, se contempla una pena de hasta 15 años de prisión para los autores materiales de un linchamiento, mientras que quienes inciten, convoquen o promuevan la participación de la población en estos hechos podrían recibir hasta 10 años de cárcel.
El legislador afirmó que el objetivo de la reforma es desalentar este tipo de actos y garantizar que la aplicación de la justicia corresponda exclusivamente a las instituciones del Estado.
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