Con el objetivo de proteger a los hijos de migrantes que regresan a la entidad, la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso del Estado de Puebla sostuvo una sesión clave para analizar las problemáticas que enfrenta la niñez binacional en materia de identidad jurídica y acceso a derechos fundamentales.
El encuentro, presidido por la diputada Araceli Celestino Rosas, contó con la participación de Rocío Antúnez, responsable del área de Familias Transnacionales del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI). La especialista expuso la vulnerable situación en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes que llegan a Puebla tras un proceso de deportación o retorno forzado de sus familias desde el extranjero.
El reto: Identidad y barreras burocráticas para los hijos de migrantes
Durante su intervención, la representante del IMUMI señaló que la principal problemática que sufren estos menores es la falta de reconocimiento de la nacionalidad mexicana, una barrera que limita directamente su acceso a la educación y a servicios básicos.
“Existe una población que retorna de manera forzada debido a las políticas antimigratorias y actos de xenofobia. Al llegar, enfrentan múltiples obstáculos, entre ellos el acceso a una identidad jurídica y a la nacionalidad mexicana”, explicó Rocío Antúnez.
Ante este panorama, la especialista hizo dos peticiones urgentes al Poder Legislativo local:
- Respaldar un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación coordine acciones con los registros civiles, facilitando la difusión e implementación de cambios legales.
- Impulsar la reforma al artículo 272 del Código Civil del Estado para asegurar que la niñez binacional acceda a derechos como la educación, programas sociales y becas, fortaleciendo la protección de las familias transnacionales poblanas.
Avances legislativos en favor de las familias transnacionales
En respuesta, la diputada Araceli Celestino Rosas informó que el Congreso del Estado ya dio un paso al frente el pasado mes de junio con la presentación de una iniciativa para reformar, precisamente, el artículo 272 del Código Civil estatal, buscando robustecer el marco jurídico protector para las familias migrantes. Asimismo, reconoció el activismo y la labor del IMUMI en favor de este sector vulnerable.
Por su parte, la diputada Esther Martínez Romano coincidió en la urgencia de acelerar el trabajo legislativo, destacando que es prioridad brindar certeza jurídica a los poblanos repatriados que se topan con trabas burocráticas para acreditar su nacionalidad en su propio país.
A la sesión de la comisión también asistieron las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas y Celia Bonaga Ruiz, así como los diputados Pável Gaspar Ramírez y Andrés Iván Villegas Mendoza, quienes respaldaron el seguimiento de esta agenda de derechos humanos.
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