La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), publicó los detalles técnicos detrás de la inmovilización de cuentas bancarias aplicada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al grupo de servidores públicos señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Alertamientos automáticos del sistema bancario
La UIF precisó que la inclusión de estas Personas Políticamente Expuestas (PEP) en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) no emanó de una investigación local directa, sino de reportes financieros automáticos generados por las propias instituciones comerciales en México.
Al difundirse públicamente las acusaciones y solicitudes de captura emitidas por las cortes de Nueva York, los bancos mexicanos se vieron obligados a reaccionar debido a sus leyes internacionales de cumplimiento.
“Los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP)”, detalla el comunicado.
Con base en dichos reportes automatizados, la UIF procedió a la inmovilización con el firme objetivo de “proteger la integridad del sistema financiero nacional”.
“No implica acreditación de responsabilidad alguna”: UIF
La autoridad hacendaria fue enfática al delimitar los alcances legales de este congelamiento de activos, subrayando que los implicados mantienen vigentes sus derechos de defensa jurídica:
“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”.
De igual forma, la dependencia informó que los afectados “cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia”, para intentar demostrar el origen lícito de sus recursos mediante los recursos jurisdiccionales procedentes. Actualmente, un equipo técnico se encuentra analizando toda la documentación bajo criterios analíticos e institucionales.
¿Quiénes son los 10 señalados por Estados Unidos?
El bloqueo financiero de la UIF alcanza de forma directa a la red de funcionarios y exfuncionarios de la administración de Rubén Rocha Moya, a quienes la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusa de conspirar junto con la facción de Los Chapitos (del Cártel de Sinaloa) para la importación de narcóticos y posesión de armamento pesado:
La lista completa de los perfiles sancionados por el sistema financiero internacional incluye a:
- Rubén Rocha Moya: Gobernador con licencia de Sinaloa.
- Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública (recientemente entregado en EE. UU.).
- Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas (recientemente entregado en EE. UU.).
- Enrique Inzunza Cázarez: Senador de la República y exsecretario general de Gobierno.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán.
- Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal general del Estado de Sinaloa.
- Alberto Jorge Contreras Núñez: Alias “Cholo”, encargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación.
- José Antonio Dionisio Hipólito: Alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.
- Juan Valenzuela Millán: Alias “Juanito”, exmando de la Policía Municipal de Culiacán (acusado además de secuestro con resultado de muerte).
- Marco Antonio Almanza Avilés: Exfuncionario operativo de seguridad en la entidad.
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