El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que su administración mantendrá el diálogo, la tolerancia y la conciliación como principales mecanismos para atender las manifestaciones y demandas de organizaciones sociales, siempre bajo el respeto a los derechos humanos y sin permitir afectaciones a terceros.
El mandatario estatal señaló que existe disposición permanente para escuchar a los distintos sectores de la sociedad y buscar soluciones a sus planteamientos, en congruencia con la política de diálogo que mantiene su gobierno.
Sin embargo, estableció una diferencia entre las manifestaciones pacíficas, que consideró un derecho que debe garantizarse, y aquellas acciones que impliquen actos delictivos o pongan en riesgo la integridad de otras personas, las cuales deberán atenderse conforme a la ley.
Al respecto, Armenta Mier sostuvo que su administración no recurrirá a la represión como respuesta a las expresiones sociales.
“La 4T no reprime, la 4T dialoga hasta el límite”, puntualizó.
Armenta mantiene coordinación con autoridades federales en materia de seguridad
En materia de seguridad, el gobernador informó que diariamente encabeza la Mesa de Paz, además de mantener comunicación constante con autoridades federales para coordinar acciones y atender las situaciones que puedan afectar la tranquilidad en Puebla.
Entre los funcionarios con quienes mantiene contacto mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch.
El mandatario indicó que esta coordinación forma parte de las acciones para fortalecer la seguridad y mantener la atención institucional ante los distintos escenarios que se presentan en la entidad.
Instalan mesa de diálogo por manifestaciones relacionadas con penales
En cuanto a las manifestaciones vinculadas con el sistema penitenciario, Armenta Mier informó que ya se instaló una mesa de atención con autoridades estatales y federales para revisar las inconformidades y planteamientos de las personas involucradas.
En estos trabajos participan corporaciones e instituciones como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina y áreas de inteligencia.
El objetivo, explicó, es atender las inquietudes de los familiares de las personas privadas de la libertad, revisar sus demandas y garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran en los centros penitenciarios.
De esta manera, el gobierno estatal reiteró que mantendrá abiertos los canales institucionales para atender las expresiones sociales, con el diálogo como primera vía de solución y la aplicación de la ley ante posibles conductas delictivas.
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