FGE Puebla logra sentencia de 11 años de prisión contra asaltante de transporte público

Josué Avalos

Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó un fallo ejemplar en contra de la delincuencia dedicada al robo del transporte público. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria firme de 11 años y 3 meses de prisión en contra de Rigoberto N., tras demostrar de manera contundente su responsabilidad penal en el delito de robo de vehículo agravado.

De acuerdo con las investigaciones y el expediente desahogado por el agente del Ministerio Público durante la etapa de juicio oral, los hechos ocurrieron en calles del municipio de San Andrés Cholula. El hoy sentenciado abordó la unidad del servicio público haciéndose pasar por un pasajero ordinario y solicitó un viaje formal. Sin embargo, aprovechando que el chofer avanzaba con normalidad y se encontraba concentrado en el camino, Rigoberto N. lo golpeó de manera sorpresiva y violenta en el rostro. Bajo amenazas físicas, obligó al taxista a descender de su propia herramienta de trabajo para de inmediato ponerse al volante y darse a la fuga con rumbo desconocido, despojando a la víctima de su patrimonio.

Para sostener la acusación, la Fiscalía de Puebla reunió y presentó un robusto paquete de evidencias que terminaron por hundir legalmente al delincuente; Se aportó el testimonio directo del conductor afectado, así como las declaraciones de los elementos policiales que intervinieron en la atención e inicio del reporte de robo. Además de los 11 años y 3 meses tras las rejas, la autoridad judicial fijó el pago obligatorio de una multa económica y el concepto por la reparación del daño en favor de la víctima. Tomando en cuenta la agravante de la violencia empleada, el Tribunal le negó al sentenciado el beneficio de la conmutación de la pena (libertad condicional o fianza), por lo que deberá cumplir la totalidad de su condena en prisión.

Al haber quedado firme la resolución judicial tras agotarse los términos legales, Rigoberto N. fue puesto a disposición inmediata de un Juez de Ejecución de Sentencias para determinar el penal de la entidad donde compurgará la sanción impuesta, cerrando así el caso con un mensaje de cero impunidad hacia las agresiones contra los trabajadores del volante.

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