Josué Avalos
Un total de diez ayuntamientos del estado de Puebla han recurrido formalmente a las autoridades estatales para gestionar el acceso a líneas de crédito que les permitan acelerar el desarrollo de proyectos de infraestructura local. Las solicitudes ya se encuentran bajo el análisis técnico de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) de la entidad.
En entrevista, la titular de la dependencia estatal, Daniela Stephanie Pérez Calderón, precisó que estos esquemas de financiamiento se solicitan de manera directa con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun). Pérez Calderón aclaró de manera categórica que las arcas estatales no fungen como la entidad financiera que otorga el capital, sino que la única labor de la SPFA es fungir como un órgano regulador y técnico para dictaminar la viabilidad de cada proyecto.
“Nosotros no les damos los créditos, lo único que les damos es una opinión, en su caso positiva o en su caso, negativa si tienen participación o si tienen algunos anticipos”, agregó la secretaria estatal.
El diagnóstico estatal toma estrictamente en cuenta la capacidad de liquidez de cada demarcación conforme a las participaciones federales asignadas. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas actuales favorecen a las solicitudes. Debido a que el estado de Puebla se mantiene catalogado en “semáforo verde” dentro del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda federal, existe una alta disponibilidad y certeza económica. La funcionaria estatal adelantó que, bajo este panorama de finanzas sanas, todos los municipios que integran la lista de espera actual cuentan con perfiles viables para acceder de manera exitosa a los fondos federales del Faismun.
Los recursos obtenidos a través del adelanto del Faismun están estrictamente etiquetados por la normativa federal, lo que significa que los alcaldes de los diez municipios solicitantes solo podrán aplicar el capital en obras de impacto social directo, tales como redes de agua potable, alcantarillado, electrificación, infraestructura educativa y pavimentación en zonas con rezago social.
Una vez que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración emita formalmente sus opiniones técnicas positivas, los ayuntamientos podrán avanzar en sus cabildos y con las instituciones bancarias de desarrollo para iniciar la ejecución física de las obras públicas antes de que concluya el actual ejercicio fiscal.
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