El reclutamiento forzoso de menores de edad para engrosar las filas del crimen organizado se ha agravado en México por lo cual, senadores ya impulsan sanciones de hasta 30 años de prisión para este tipo de actividades ilícitas que a su vez han incrementado la violencia en el país.
Diversas organizaciones entre ellas la la Red por los Derechos de la Infancia en México urgió al Estado mexicano a tipificar como delito penal está práctica.
En ese contexto, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa planteó tipificar como delito penal el reclutamiento de niñas, niños o adolescentes, para la comisión de actividades delictivas o para formar parte de grupos criminales, y sancionar a quien cometa este ilícito hasta con 30 años de prisión.
La asociación civil Reinserta alertó hace unos meses del reclutamiento de más de 30,000 niños mexicanos por parte del crimen organizado, que reciben un pago de hasta 35,000 pesos mensuales.
En el estudio ‘Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada” se advierte que hay más de 20,000 casos de homicidio doloso y 7,000 desapariciones de menores de edad en los últimos 20 años, según una estimación hecha por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Mancera Espinosa destacó que la crisis de seguridad que enfrenta México puso en evidencia no sólo un repunte de ciertas actividades ilícitas, sino la evolución de las estrategias de la delincuencia organizada, que cada vez más utiliza a menores de edad para sus operaciones.
Sin embargo, pese a que se tiene conocimiento de estos casos, hasta el momento se carece de un diagnóstico sobre esta problemática, que permita la caracterización del fenómeno y la respuesta institucional del Estado mexicano con base en los instrumentos normativos vigentes.
El líder de la bancada perredista planteó a establecer en el Código Penal Federal que comete el ilícito de reclutamiento, la persona física o moral que aliste o utilice a niñas, niños o adolescentes para cometer cualquiera de los delitos referidos en este ordenamiento o en alguna ley especial, o para formar parte de una asociación delictuosa.
Por la comisión de estas conductas, el senador planteó una sanción penal de 10 a 20 años de prisión, que podría aumentar en una mitad cuando sea cometida por servidores públicos o cuando dicho reclutamiento recaiga sobre niñas, niños o adolescentes con algún tipo de discapacidad.