Los 32 gobernadores de México, a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) presentó un amicus curiae, firmado por los mandatarios estatales, en el que pidieron a la Corte que eliminar la prisión preventiva oficiosa puede poner en riesgo la seguridad pública y colapsar a los tribunales.
Explicaron que eliminar esta figura vulnera la Constitución y tendría un “grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos”.
“(Esto) con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto”, señalaron los gobernadores.
“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
Aclararon que la prisión preventiva oficiosa, que se pretende declarar inconvencional de acuerdo con un proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo que se discutirá en septiembre próximo, se aplica cuando una persona es imputada por delitos de alto impacto y que en su momento fueron considerados como graves.
“La figura de la prisión preventiva oficiosa responde, pues, a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”, señalaron en su escrito.
¿Por qué los gobernadores piden mantener la prisión preventiva?
En el oficio que mandaron en calidad de Amicus Curiae, los mandatarios explicaron que es necesario
mantener la supremacía constitucional respecto a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró inconvencional esa medida cautelar.
Enfatizaron los gobernadores que, la figura de prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos. Además de proteger a las víctimas y que no exista impunidad.
“Proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”.
Los mandatarios estatales también argumentaron un posible colapso de los tribunales debido a que se tendría que analizar, caso por caso, si se aplica dicha medida.
“Hacemos un llamado respetuoso para que la SCJN considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada”, sostuvieron.
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