Gabriela García
La suspensión que el viernes pasado ordenó un juez federal para la restitución del Patronato Mary Street Jenkins y de Luis Ernesto Derbez Bautista como rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) sí existe, pero no tiene los efectos tan amplios y generales que se han informado.
Así lo afirmó, el presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, José Daniél Vázquez Millán, quien explicó que no se suspendieron los actos del organismo, consistentes en la remoción y designación de nuevos patronos de dicha fundación, con excepción de Margarita Jenkins de Landa.
En conferencia de prensa virtual, el funcionario mencionó que la suspensión no fue dictada por un juez, sino por un secretario en funciones. Al respecto, dijo que esta acción es ilegal, por lo tanto no pueden recuperar las instalaciones de la UDLAP hasta que existan actos de las autoridades judiciales, las cuales actualmente están de vacaciones.
“Han existido resoluciones sorprendentes en contra de constancias de autos, en contra de la legislación y jurisprudencia aplicables, las cuales ya están siendo materia de quejas y denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de los jueces que dictaron las resoluciones extraordinarias y con constancias expresas”, comentó.
Sobre el conflicto en la UDLAP y las denuncias en contra de Luis Ernesto Derbez Bautista, Vázquez Millán aseguró que no es un asunto privado, político, de persecución o con fines ocultos, como se ha señalado para desprestigiar las acciones emprendidas por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla y otras autoridades.
Aclaró que, después de más de 7 años, al fin la Junta empezó a actuar legalmente.
“Nos han acusado de violar suspensiones y juicios de amparo, de estar atrás de un complot, de actuar arbitrariamente, de encabezar y ejecutar la intervención física de la Udlap, lo cual es erróneo”.
Añadió que no existe ningún complot, sino el cumplimiento de su facultades de investigación, protección y vigilancia, en favor de las instituciones de asistencia privada y de sus beneficiarios.
Dijo que los integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins pueden o no estar de acuerdo, pero lo que es una realidad es que su actuación no ha sido arbitraria, ya que todos sus actos están sustentados en hechos, evidencias y normas jurídicas que hasta el momento han considerado aplicables, lo cual ya está siendo revisado por los juzgados federales.