Gabriela García Muñoz
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla (CCE), Héctor Sánchez Morales, sostuvo que es necesaria la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para esclarecer los hoyos financieros por mil 322 millones de pesos detectados en el Gobierno de Puebla, tal y como lo plantearon los diputados del PAN.
Entrevistado en el marco de la conferencia de prensa que ofreció para invitar nuevamente a la Segunda Edición de los Premios CCE, el dirigente empresarial consideró que todos los posibles actos de desvío de recursos se tienen que perseguir de oficio, ya que este tipo de prácticas indebidas ocasionan un daño al patrimonio de todos los poblanos.
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“Toda cuestión donde haya habido un mal uso o desvió de un recurso hay que llamar a cuentas. Hay que hacer lo conducente hasta llegar a las últimas consecuencias de los responsables, porque al final de cuentas es un dinero de los poblanos que se puede utilizar en diversos temas, como el de infraestructura, entonces qué bueno que se están llevando a cabo estas auditorías y que se están haciendo los anuncios”, comentó.
Sánchez Morales también coincidió con la idea de que se solicite la comparecencia de la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, ante las omisiones que tuvo en torno al tema cuando fue secretaria de la Función Pública.
Finalmente, aplaudió que exista la apertura de la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina para hacer del dominio público este tipo de negligencias, pero sobre todo que se estén investigando de manera profunda las malversaciones de caudales públicos.