La mañana de este 30 de junio, la comunidad educativa de la Secundaria Técnica 80, ubicada en la colonia San Bartolo de la capital poblana, se movilizó en protesta. Padres de familia y alumnos bloquearon los accesos a la institución para denunciar públicamente graves acusaciones de fraude y maltrato escolar.
Con pancartas y consignas, los manifestantes exigieron una respuesta inmediata por parte de las autoridades educativas, demandando transparencia en la gestión escolar y la destitución de la subdirectora. La manifestación, que impidió temporalmente el acceso regular a las instalaciones, reflejó el hartazgo de la comunidad ante presuntas irregularidades.
Los accesos de la escuela fueron obstruidos con cadenas y pancartas elaboradas por los propios padres y alumnos, en las que se podían leer frases como “Exigimos transparencia al director” y “Fuera la subdirectora”. La situación generó expectación entre los vecinos y el personal educativo, a la espera de la intervención de instancias superiores.
Acusaciones graves: Cobros indebidos y acoso a estudiantes
Las denuncias presentadas por los manifestantes son de considerable gravedad y apuntan directamente a la subdirectora de la Secundaria Técnica 80. La acusación principal se centra en un presunto fraude relacionado con cobros irregulares. Según los testimonios recabados, la subdirectora habría exigido a los padres de familia el pago de entre $100 y $800 pesos por cada materia reprobada.
Estas cantidades, consideradas excesivas y fuera de toda norma para una escuela pública, generaron indignación entre los afectados, quienes calificaron estos actos como una práctica ilícita y un abuso de autoridad. En un sistema educativo público, los cobros por rendimiento académico no están permitidos, lo que agrava la naturaleza de la acusación.
Pero las quejas no se limitaron al aspecto económico. Los padres de familia y alumnos también denunciaron casos de maltrato escolar y acoso dentro de la institución. Particularmente preocupantes son los señalamientos de que este maltrato se estaría ejerciendo por parte de algunos profesores y, en ciertos casos, por otros alumnos, específicamente hacia personas con discapacidad que forman parte de la matrícula escolar.
La existencia de un ambiente donde estudiantes vulnerables son objeto de acoso va en contra de los principios de inclusión y respeto que deben prevalecer en cualquier centro educativo. Estas acusaciones de maltrato señalan una posible falta de supervisión y protocolos adecuados para garantizar la seguridad y bienestar de todos los estudiantes.
Demanda de intervención: La voz de la comunidad clama por soluciones
Ante la magnitud de las denuncias, los padres de familia y los estudiantes han elevado su voz para exigir la intervención inmediata de las máximas autoridades educativas y de gobernación del estado. Su principal demanda es la llegada de personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Gobernación (Segob) para que tomen cartas en el asunto y realicen una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de fraude y maltrato.
La presencia de estas instancias es considerada vital para garantizar una pesquisa imparcial y para que se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables. Los manifestantes enfatizaron que no cesarían su protesta hasta que sus demandas fueran escuchadas y se estableciera un compromiso claro por parte de las autoridades.
La comunidad escolar busca una solución definitiva que restaure la confianza en la institución y garantice un ambiente de aprendizaje seguro y justo para todos los alumnos. La insistencia en la destitución de la subdirectora es un reflejo de la pérdida de credibilidad en su gestión y en la necesidad de un cambio profundo en la dirección de la escuela.
Respuesta inicial y expectativa de la comunidad
Durante la mañana de la protesta, algunas autoridades escolares presentes en la Secundaria Técnica 80 intentaron entablar diálogo con los padres de familia en un intento por desactivar la manifestación y permitir el acceso a las instalaciones. Estos acercamientos iniciales lograron que se abriera un acceso de la escuela, permitiendo así que algunos alumnos pudieran ingresar para tomar sus clases.
Sin embargo, a pesar de este pequeño avance, los padres de familia dejaron claro que no estaban satisfechos con las conversaciones preliminares y que esperaban la llegada de representantes de la SEP y Segob para una resolución definitiva. La apertura parcial de la escuela, aunque necesaria para no afectar completamente las actividades académicas, no significó el fin de la protesta.
La comunidad educativa se mantuvo firme en su posición, esperando que las secretarías estatales envíen personal con la autoridad suficiente para investigar a fondo las denuncias y ofrecer soluciones concretas a las problemáticas planteadas. La situación en la Secundaria Técnica 80 permanece en un punto crítico, con la esperanza de que la intervención de las autoridades estatales traiga consigo la transparencia y la justicia para los padres de familia y alumnos.
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