Julio César Morales
Las madres en México cuentan con la protección de las leyes para garantizar el respeto de sus derechos y los cambios al marco normativo avanzan conforme lo exige los nuevos tiempos.
Las condiciones económicas actuales demandan la participación de las mujeres en el ámbito laboral y en el país 7.4 millones de ellas desempeñan un doble rol como trabajadoras y mamás al mismo tiempo.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 170 establece los derechos de las madres dentro de sus centros laborales, y algunos de ellos refieren que las mujeres no pueden realizar actividades que pongan en riesgo su salud.
Se estipula que las mamás tendrán el derecho a disfrutar de un descanso de seis semanas antes y después del parto, y en caso que el bebé al nacer tuviera algún tipo de discapacidad podrá ampliar este periodo hasta ocho semanas más.
Además que durante el tiempo de descanso por el parto, percibirán su salario íntegro y sólo sí este se prorrogara por un periodo no mayor a 70 días el sueldo será al 50 por ciento y a su regreso, ocuparán el mismo puesto que desempeñaban antes de la llegada del bebé.
En el caso particular de Puebla, los diputados locales, en los últimos periodos de sesiones en el Congreso, modificaron la legislación para salvaguardar los derechos de las madres y sus hijos y un ejemplo fue la aprobación de la denominada Ley Monzón.
De acuerdo con la legisladora, Monica Silva Ruiz, era importante retirar la patria potestad al padre responsable de privar de la vida a la madre del menor para evitar que el niño o niña tenga convivencia con el presunto responsable de un feminicidio o su familia.
Apuntó que otra modificación importante fue la creación de “la Ley Vicaria” que castiga al padre que manipula a los hijos para generar un daño a la madre, luego de una ruptura de pareja, sin importar las afectaciones psicológicas provocadas a los menores de edad.
Por su parte, la diputada, Nora Merino Escamilla, agregó que otra modificación importante es la creación de la denominada “Ley 3 de 3” que impide que un deudor alimentario acceda a un cargo público o de elección popular.
Además del inicio de los trabajos para la conformación de un registro estatal de padres que no cumplen con el pago de la manutención de los hijos, por lo que no podrán nuevamente contraer matrimonio por la vía civil.
Ambas legisladoras coincidieron en la urgencia de ir ajustando las leyes para proteger a las madres, pero sobre todo a sus hijos para garantizar su correcto desarrollo.
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