Un juez de control ha emitido 16 órdenes de aprehensión relacionadas con el violento operativo policial en la comunidad indígena de Arantepacua, ocurrido en abril de 2017. Entre los señalados destacan el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez.
A los implicados se les atribuye responsabilidad en delitos graves como homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad, tras la ejecución extrajudicial de cuatro comuneros purépechas, incluido un menor de edad.
El origen del conflicto: Tierras y represión
Los hechos se remontan al 4 y 5 de abril de 2017. Lo que inició como una disputa por 512 hectáreas de bosque entre las comunidades de Arantepacua y Capácuaro, terminó en una tragedia de derechos humanos.
Tras la detención de una comitiva de campesinos en Morelia, pobladores bloquearon la carretera Pátzcuaro-Cherán. En respuesta, el gobierno de Aureoles desplegó a 200 elementos policiales con el objetivo de recuperar vehículos de carga retenidos. El resultado del operativo fue devastador:
- 4 personas asesinadas (incluyendo un menor).
- 10 casos de tortura documentados.
- 38 detenciones arbitrarias.
- 56 viviendas cateadas ilegalmente.
Pruebas fabricadas y la recomendación de la CNDH
Aunque en su momento la administración estatal intentó culpar al crimen organizado (específicamente a “Los Viagras”) de iniciar el ataque, las investigaciones desmintieron esta versión. El juez Juan Salvador Alonso Mejía determinó en su momento que el gobierno de Michoacán “sembró” armas y fabricó pruebas contra los indígenas detenidos.
Por su parte, la CNDH emitió la recomendación 42VG/2020, confirmando violaciones graves a la vida, la libertad y el interés superior de la niñez.
Silvano Aureoles: Prófugo y con múltiples cargos
La situación jurídica del exmandatario perredista se complica. Además de las acusaciones por el caso Arantepacua, Aureoles Conejo enfrenta cargos por:
- Peculado y administración fraudulenta.
- Asociación delictuosa y lavado de dinero.
- Desvío de más de mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil.
Por este último caso, ya se encuentran detenidos exfuncionarios de primer nivel, como Carlos Maldonado Mendoza (Finanzas) y Antonio Bernal Bustamante (Seguridad). Actualmente, las autoridades consideran a Silvano Aureoles como prófugo de la justicia.
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