En una acción judicial tras la reciente dimisión presidencial, los fiscales formularon una imputación penal formal contra el expresidente Santiago Peña Palacios y el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.
Dentro de la causa penal 92/2026, el equipo fiscal atribuye a Santiago Peña la presunta comisión de lesión de confianza (en calidad de instigador) y administración en provecho propio (en calidad de autor). En el caso de Carlos Carvallo, la Fiscalía lo imputó como autor de los delitos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
Debido a la gravedad de los hechos y el riesgo procesal, la representación fiscal solicitó formalmente al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para ambos imputados, así como la inhibición general de enajenar y gravar bienes, además del bloqueo e identificación de todas sus cuentas bancarias, activos e inmuebles.
Desvío de fondos públicos y favorecimiento a Ueno Bank
La hipótesis elaborada por el Ministerio Público señala que entre 2023 y 2026, Ueno Bank S. A. recibió de forma irregular masivas colocaciones de recursos procedentes de organismos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS), al tiempo que la entidad otorgaba créditos con presuntas anomalías a empresas vinculadas a su propio grupo económico.
Las indagatorias clave de la Fiscalía detallan las siguientes responsabilidades individuales:
- Santiago Peña Palacios: Se investiga su intervención directa desde la presidencia para favorecer la colocación y permanencia de fondos públicos en Ueno Bank, institución con la que mantenía vínculos comerciales directos. Entre las pruebas figuran su participación accionaria en Ueno Holding S. A. E. C. A. y reuniones directas con autoridades del IPS para direccionar inversiones hacia dicha entidad financiera.
- Carlos Dagoberto Carvallo Spalding: Como extitular del BCP, se analiza su omisión e irregularidad en los procesos de supervisión y límites de exposición crediticia de Ueno Bank (donde laboró anteriormente en Financiera Ueno). Asimismo, se le acusa de haber remitido un informe con datos presuntamente alterados o falsos al Senado el pasado 7 de octubre de 2026.
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