La Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará una investigación propia tras la solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener de manera provisional, con fines de extradición, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras nueve personas, a fin de verificar la veracidad de los señalamientos.
De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos, la petición estadounidense no cuenta con elementos probatorios suficientes que respalden de forma contundente las acusaciones, las cuales refieren presuntos vínculos con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, identificados como líderes de una facción del Cártel de Sinaloa.
FGR revisará legalidad de la solicitud de extradición
El vocero de la dependencia y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, explicó que México debe cumplir con todos los procedimientos legales y protocolos internacionales en este tipo de casos.
En ese sentido, precisó que, conforme a la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables, la FGR deberá analizar la documentación enviada por Estados Unidos para determinar si existen datos de prueba suficientes que sustenten la solicitud.
Asimismo, subrayó que de manera paralela se llevará a cabo una investigación interna para reunir información que permita establecer si hay indicios que respalden las acusaciones y, en su caso, evaluar la viabilidad de solicitar órdenes de aprehensión en territorio mexicano.
Falta de pruebas limita proceso de extradición
La FGR reiteró que la legislación mexicana establece que para solicitar una orden de aprehensión es indispensable presentar datos de prueba que infieran la probable comisión de un delito.
Además, recordó que el tratado bilateral entre México y Estados Unidos en materia de extradición señala que esta solo procederá si las pruebas son suficientes conforme a las leyes del país requerido, en este caso México.
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En este contexto, la institución insistió en que la solicitud estadounidense carece de evidencias contundentes, lo que limita, por ahora, cualquier acción judicial inmediata.
Confidencialidad y debido proceso, claves en el caso
El vocero también destacó que el propio gobierno de Estados Unidos solicitó que la información relacionada con este caso se mantenga bajo carácter confidencial, ya que su divulgación podría afectar los procesos penales en curso.
En línea con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, se deben adoptar medidas para garantizar que toda la documentación intercambiada en este tipo de procedimientos se maneje de forma reservada y protegida.
Inmunidad y proceso legal en México
Finalmente, la FGR recordó que, en el caso de funcionarios como gobernadores, la ley mexicana establece la necesidad de un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de cualquier acción penal.
La dependencia enfatizó que actuará con estricto apego a la ley, respeto a la soberanía nacional y garantía de los derechos fundamentales de las personas involucradas, evitando cualquier vulneración al Estado de derecho.
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