El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anticipa una nueva ola de procesos judiciales contra funcionarios de México. Todd Blanche, fiscal general interino de EE. UU., confirmó que las investigaciones sobre nexos entre la clase política mexicana y el crimen organizado están lejos de terminar.
En una entrevista para la cadena News Nation, Blanche aseguró que la estrategia de persecución penal contra servidores públicos involucrados con cárteles es una prioridad que se mantendrá vigente.
Puntos clave de las declaraciones
- Continuidad de procesos: Blanche subrayó que ya se han emitido acusaciones contra diversos funcionarios y, recientemente, contra un juez mexicano.
- Efecto dominó: La fiscalía estadounidense apuesta por la cooperación de los detenidos para identificar a más involucrados.
- Casos recientes: Las declaraciones surgen tras las acusaciones presentadas la semana pasada contra 10 figuras públicas, entre las que destaca el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La estrategia: Cooperación y nuevos cargos
Durante su participación en el segmento Bradley on the Border, el sucesor de Pam Bondi en el gabinete de Donald Trump fue enfático sobre el futuro de los señalados por tráfico de drogas y delitos de armas:
“Algunos de ellos probablemente querrán cooperar, y esa cooperación podría conducir a cargos adicionales”, indicó el fiscal interino.
Esta postura sugiere que el gobierno estadounidense busca desmantelar las redes de protección institucional de los cárteles mediante acuerdos de colaboración con los funcionarios que ya enfrentan cargos.
Contexto de la relación bilateral
La administración de Trump, a través de la fiscalía liderada por Blanche, ha intensificado el escrutinio sobre la política mexicana. La mención directa a gobernadores y jueces en activo marca un endurecimiento en la política exterior y judicial de Washington respecto a la seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico.
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