En un caso que generó indignación nacional y visibilizó la barrera lingüística que enfrentan niñas y mujeres indígenas para acceder a la justicia, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la detención de Eduardo “N”, de 32 años, originario de Pahuatlán, acusado de violación equiparada en agravio de su sobrina de 11 años, quien solo habla náhuatl.
El caso se volvió viral semanas atrás, luego de que se difundió que la menor no podía denunciar a su agresor debido a que no encontraba traductores del náhuatl, lo que retrasó la activación del proceso judicial. La FGE confirmó que la aprehensión ocurrió en el municipio de Huauchinango, donde el imputado fue ubicado tras una investigación urgente para proteger a la víctima.
Los hechos: Abuso en una panadería de Pahuatlán
Según las diligencias ministeriales, los hechos ocurrieron en la comunidad de Atla, Pahuatlán, dentro de la panadería propiedad del acusado. La menor trabajaba en el lugar cuando presuntamente fue atacada.
La primera agresión sexual ocurrió en julio de 2025, durante la madrugada, de acuerdo con la carpeta de investigación.
Posteriormente, el agresor habría reincidido el 25 de octubre, fecha en la que nuevamente sometió a la menor utilizando amenazas para obligarla a guardar silencio.
La Fiscalía precisó que Eduardo “N” intimidó a la niña para evitar que contara lo sucedido a sus familiares, lo que complicó la denuncia y la recolección de datos de prueba.
La barrera del idioma: Un obstáculo para denunciar
La víctima, hablante de náhuatl, enfrentó un proceso difícil debido a la falta de intérpretes en su región. Fue necesaria la intervención de un traductor del municipio de Pahuatlán, así como especialistas en trabajo social, medicina, psicología y atención a víctimas, para recabar su testimonio de forma adecuada y garantizar su seguridad.
Este caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de personal capacitado y traductores indígenas en instituciones de justicia del estado, especialmente en zonas marginadas donde la violencia contra niñas indígenas se reporta con mayor frecuencia y menor denuncia.
Protección inmediata para la menor y su familia
Tras confirmarse el abuso y el riesgo inminente, la FGE ordenó el resguardo de la víctima y sus familiares en el Centro LIBRE Casa Carmen Serdán de Huauchinango, donde reciben atención integral, incluyendo:
- Acompañamiento psicológico
- Atención médica
- Seguimiento jurídico
- Protección para garantizar su seguridad
La Fiscalía destacó que este centro especializado opera bajo protocolos de protección para víctimas de violencia sexual y menores de edad.
La investigación permitió emitir una orden de aprehensión
Gracias al trabajo interdisciplinario del Ministerio Público y al testimonio obtenido bajo acompañamiento profesional, se reunieron los elementos necesarios para solicitar la orden de aprehensión.
Un Juez de Control autorizó la detención de Eduardo “N”, quien fue localizado y asegurado en Huauchinango, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación legal.
La FGE adelantó que se buscará la vinculación a proceso por violación equiparada agravada, uno de los delitos más severamente sancionados en el Código Penal del estado de Puebla.
Un caso que refleja la vulnerabilidad de la niñez indígena
Organizaciones feministas y colectivos indígenas han subrayado que este caso demuestra la urgencia de fortalecer la atención a víctimas en lenguas originarias. La falta de traductores y personal capacitado provoca que niñas como la menor de Pahuatlán tengan más dificultades para denunciar agresiones.
El caso de Eduardo “N” se perfila como uno de los más emblemáticos de 2025 por su impacto social y mediático, y por la discusión que abrió sobre la violencia en comunidades indígenas.
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