El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha sido claro en su postura contra la corrupción y las prácticas que generan deudas al estado. Durante su administración, se ha comprometido a no realizar obras públicas que no cumplan con los estándares de transparencia y que puedan convertirse en fuentes de endeudamiento o irregularidades.
Aquí te contamos los detalles de su declaración y cómo esta política impacta en el desarrollo de Puebla.
Obras públicas sin deudas ni corrupción
En un mensaje contundente, Alejandro Armenta aseguró que su gobierno no permitirá la ejecución de obras públicas que generen deudas al estado o que estén vinculadas a actos de corrupción. El mandatario criticó a aquellos empresarios que, bajo la apariencia de contribuir al desarrollo, buscan beneficiarse a costa de los recursos públicos.
“En la cuarta transformación no estamos en contra de las obras, sino en contra de cómo se ejecutan a través de contratos leoninos. En Puebla hay empresarios disfrazados de delincuentes”, afirmó el gobernador.
Esta postura refleja el compromiso del gobierno estatal con la transparencia y la rendición de cuentas, evitando que los recursos públicos sean mal utilizados o desviados.
Rechazo a negociaciones corruptas
Uno de los casos más destacados es el de la empresa Construcciones Melgarejo, con la cual el gobierno de Puebla no entrará en negociaciones por una obra que nunca se ejecutó. Alejandro Armenta fue enfático al señalar que no se pagará una deuda de mil millones de pesos por un trabajo que no se realizó.
“No hay negociación corrupta. Vamos a litigar el caso y nos vamos a apegar a las reformas. Cuando hay vicios en los procedimientos, hay una salida jurídica, pero no vamos a pagar mil millones de pesos a Melgarejo por no hacer nada. Esa propuesta que me hace es indecorosa”, sostuvo el mandatario.
Este caso es un ejemplo de cómo el gobierno estatal está dispuesto a enfrentar prácticas irregulares y defender los intereses de los poblanos.
Prioridad a la seguridad y el bienestar
Alejandro Armenta también destacó que su administración prioriza la seguridad y el bienestar de los ciudadanos sobre proyectos que considera “monumentos a la corrupción”, como el Teleférico o el Museo Barroco. El gobernador señaló que, en lugar de invertir en obras cuestionables, se enfocarán en acciones que beneficien directamente a la población.
“Para nuestro gobierno, lo primero siempre será la seguridad de las y los poblanos. No vamos a endeudar al estado con proyectos que no beneficien a la gente”, afirmó.
Optimización de recursos públicos
El mandatario también mencionó el caso del Edificio del CIS, cuyo mantenimiento tiene un costo de 22 millones de pesos al mes. Según Armenta, con ese dinero se podrían adquirir 15 patrullas mensuales y aún sobrarían recursos para el mantenimiento del edificio.
“Con ese dinero podemos comprar 15 patrullas al mes y sobraría para hacer mantenimiento al edificio”, explicó.
Este enfoque busca optimizar el uso de los recursos públicos, destinándolos a áreas prioritarias como la seguridad y la infraestructura básica, en lugar de gastos innecesarios o proyectos sobrevalorados.
Impacto en el desarrollo de Puebla
La política de Alejandro Armenta de no permitir obras públicas que generen deudas o fomenten la corrupción tiene un impacto positivo en varios aspectos:
- Transparencia: Se refuerza la confianza de los ciudadanos en las instituciones al evitar prácticas opacas.
- Estabilidad financiera: Al no contraer deudas innecesarias, el estado mantiene una situación fiscal más sólida.
- Priorización de necesidades: Los recursos se destinan a áreas prioritarias como la seguridad, la educación y la salud.
- Combate a la corrupción: Se sienta un precedente para evitar que empresas o individuos se beneficien de manera irregular.
Próximos pasos
El Gobierno de Puebla continuará implementando medidas para garantizar que las obras públicas se ejecuten de manera transparente y eficiente. Entre las acciones planeadas se encuentran:
- Auditorías y revisiones: Supervisar los contratos y procesos de licitación para evitar irregularidades.
- Enfoque en proyectos prioritarios: Destinar recursos a obras que beneficien directamente a la población.
- Acciones legales: Litigar contra empresas o individuos que intenten aprovecharse de los recursos públicos.
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