Queda firme sentencia de más de 11 años contra expolicía municipal de Puebla por tortura

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró que quedara firme la sentencia condenatoria de 11 años y 3 meses de prisión dictada en contra de Uriel N., exelemento de la Policía Municipal de Puebla, tras acreditarse plenamente su responsabilidad penal en el delito de tortura cometido en agravio de un ciudadano.

De acuerdo con los antecedentes integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2018, cuando el agraviado se encontraba en compañía de una mujer y fue interceptado por el hoy sentenciado junto con otro agente policial, quienes se desplazaban a bordo de vehículos particulares. Tras someterlo, lo privaron de la libertad y lo trasladaron a un sitio aislado, donde dieron inicio las agresiones físicas y psicológicas.

Violencia física, extorsión y fabricación de delitos

Durante el cautiverio, la víctima fue golpeada en diversas partes del cuerpo, asfixiada mediante el uso de una bolsa de plástico y sometida a descargas eléctricas, tortura que le ocasionó severas lesiones, entre ellas una fractura de clavícula.

Según las indagatorias ministeriales, el objetivo de los exservidores públicos era obligarlo a confesar o aportar información sobre su supuesta participación en robos ocurridos en las zonas de Angelópolis y La Calera. Adicionalmente, lo despojaron de dinero en efectivo bajo amenazas y, posteriormente, intentaron incriminarlo mediante la siembra de un arma de fuego y narcóticos.

Confirmación judicial tras apelación

Gracias a las pruebas recabadas por la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en 2024 un juez dictó el fallo condenatorio por 11 años y 3 meses de cárcel en contra de Uriel N.; sin embargo, su defensa legal promovió un recurso de apelación para intentar revertir la resolución.

Tras revisar a detalle el caudal probatorio, el Tribunal de Alzada ratificó la sentencia condenatoria, misma que causó ejecutoria y quedó legalmente firme. Con esta resolución, la FGE reiteró su compromiso de combatir la impunidad y sancionar con todo el peso de la ley los actos de tortura perpetrados por servidores públicos.

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