La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que cualquier intervención de las autoridades federales en el penal de San Miguel, debe realizarse a solicitud expresa del Gobierno del Estado de Puebla.
El pronunciamiento se dio luego de las recientes manifestaciones protagonizadas por familiares de personas privadas de la libertad, quienes denunciaron presuntos actos de extorsión y cobros ilegales al interior del centro penitenciario.
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que la operación del inmueble corresponde directamente a las autoridades locales, aunque reiteró la disposición de la Federación para colaborar en tareas de seguridad.
“Es un penal que está bajo la administración del Gobierno de Puebla, y está en contacto el Gabinete de Seguridad si requiere apoyo el estado de Puebla, para apoyar en lo que se requiere”, indicó.
Condición institucional y precedente en penales estatales
Al ser cuestionada directamente sobre la posibilidad de que fuerzas federales tomen el control o intervengan las instalaciones del Cereso de San Miguel para frenar las extorsiones denunciadas, Sheinbaum reiteró el protocolo legal y de coordinación entre órdenes de gobierno.
“Tiene que ser a solicitud del Gobierno del Estado de Puebla” […] “Si es el caso, tiene que ser a solicitud del Gobierno del Estado de Puebla”, precisó.
Para ilustrar los mecanismos de colaboración penitenciaria en el país, la titular del Ejecutivo federal ejemplificó con el caso del penal de Sinaloa, donde elementos de las fuerzas federales mantienen una intervención permanente enfocada en operativos de revisión para decomisar teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.
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