La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes alista la solicitud de una orden de aprehensión en contra del creador de contenido y youtuber conocido como José Lápiz, quien es investigado por ofrecer públicamente la cantidad de 40 mil pesos a cualquier persona que agrediera físicamente al obispo de la diócesis local, Juan Espinoza Jiménez.
El fiscal general del estado, Manuel Alonso García, confirmó que la dependencia inició una carpeta de investigación desde el pasado 1 de octubre, luego de que la Unidad de Delitos Cibernéticos detectara la publicación en redes sociales. El caso se procesa bajo las conductas delictivas de amenazas y apología del delito, agravado por el hecho de que el usuario habría reiterado su polémico llamado en transmisiones posteriores.
Rastrean dirección IP y preparan judicialización del caso
El titular de la Fiscalía detalló que los agentes de la unidad especializada trabajan de manera acelerada en la identificación de la dirección IP, así como en la recopilación y análisis técnico de otros metadatos y publicaciones para robustecer la investigación.
“En las próximas horas ya solicitemos ante una autoridad judicial la orden de aprehensión”, adelantó el fiscal Manuel Alonso García en entrevista para Radio Fórmula.
Alonso García enfatizó que la institución no esperará a que se concrete un ataque físico para actuar, pues la incitación pública y la recompensa económica representan un riesgo real para la integridad del religioso:
“No vamos a especular tampoco ni adelantar conclusiones, pero tampoco vamos a minimizar ninguna información que pueda representar un riesgo para una persona”, aseveró el fiscal estatal.
Respaldo de la Iglesia Católica y solicitud de protección
Ante la gravedad del llamado a la violencia, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un mensaje de solidaridad y respaldo absoluto al obispo Juan Espinoza Jiménez, condenando cualquier discurso de odio o incitación al delito hacia miembros de la Iglesia o la ciudadanía.
Por su parte, el Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó un llamado a las autoridades de seguridad pública para que se le otorgue protección y resguardo policial al prelado, mientras se resuelve la situación jurídica del imputado y se ejecuta el mandato judicial en su contra.
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