La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó este lunes la ola de citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR). Durante su conferencia de prensa matutina, enfatizó que estos requerimientos forman parte de los protocolos de investigación y deslindes de información.
Sin acusaciones formales: Sencillamente entrevistas
Ante los cuestionamientos sobre los citatorios entregados el fin de semana a los titulares de los ejecutivos estatales de Chihuahua y Sinaloa, Sheinbaum Pardo precisó que, de acuerdo con la información institucional compartida por el órgano autónomo, no se han fincado cargos penales contra ningún funcionario.
“Son procedimientos, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía, a nadie, sino sencillamente entrevistas”, puntualizó la presidenta mexicana.
Con esta declaración, la jefa del Estado mexicano delimitó la situación legal de Maru Campos Galván (gobernadora constitucional de Chihuahua), Rubén Rocha Moya (gobernador con licencia de Sinaloa) y el senador morenista Enrique Inzunza, quienes deberán presentarse ante el Ministerio Público de la Federación únicamente en calidad de testigos o para el desahogo de testimonios aclaratorios.
Los dos frentes de investigación de la FGR
La presidenta de la República detalló que los citatorios corresponden a dos expedientes completamente independientes:
1. El caso de los agentes extranjeros en Chihuahua
Esta indagatoria se centra en el despliegue y posterior deceso de personal adscrito a agencias estadounidenses (específicamente de la CIA) en la Sierra Tarahumara durante el mes de abril. La comparecencia de la gobernadora Maru Campos responde estrictamente a la revisión técnica de la cadena de mando y el conocimiento local de dichas operaciones en suelo chihuahuense.
2. El expediente de la Corte de Nueva York (Sinaloa)
Por otra parte, la FGR mantiene abierta una carpeta derivada de la solicitud formal y las acusaciones presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos. Este caso señala a diez ciudadanos mexicanos originarios del estado de Sinaloa —entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya— por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Las citas buscan recabar declaraciones para avanzar con exhaustividad en el terreno bilateral.
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