Enrique Inzunza se defenderá desde el Senado ante acusaciones de EE. UU.

El senador por Morena, Enrique Inzunza, imputado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos de colaboración con el Cártel de Sinaloa, anunció que no presentará licencia a su cargo, optando por mantener el fuero constitucional como parte de su estrategia de defensa.

Defensa desde el escaño y rechazo a las imputaciones

A través de sus redes sociales, Inzunza Cazárez calificó los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos como una estrategia de desprestigio. El senador fue enfático al declarar que enfrentará el proceso legal sin abandonar su responsabilidad legislativa.

“Rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas”, escribió el morenista.

Inzunza precisó que su intención es “refutar absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República”, lo que implica que utilizará la inmunidad parlamentaria que le otorga la ley mexicana mientras se desahogan las investigaciones.

Contraste con Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez

La decisión de Enrique Inzunza marca una clara distancia con respecto a sus compañeros de partido en Sinaloa. Apenas un día antes, tanto el gobernador Rubén Rocha Moya como el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencias temporales de sus cargos para encarar las investigaciones sin la investidura oficial.

Pese a mantener su fuero, el senador aseguró que no evadirá a la justicia en territorio nacional:

“De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país”, puntualizó.

El peso del fuero constitucional

Bajo la legislación mexicana, el fuero impide que un legislador sea detenido o procesado penalmente sin antes atravesar un juicio de procedencia (desafuero). Al no solicitar licencia, Inzunza asegura un blindaje jurídico frente a posibles órdenes de aprehensión inmediatas en México, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) evalúa las pruebas enviadas desde Nueva York.

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