El Gobierno del Estado de Puebla, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno iniciaron una investigación contra exfuncionarios públicos. Las indagatorias se centran en la presunta omisión y tolerancia ante el enriquecimiento ilícito de particulares mediante el acaparamiento de concesiones del transporte público.
El gobernador Alejandro Armenta confirmó que se han detectado casos donde una sola persona llegó a controlar hasta 500 permisos para operar unidades. No obstante, el mandatario precisó que los nombres de los implicados se mantendrán bajo reserva hasta que existan resoluciones definitivas.
Irregularidades detectadas en el padrón de transporte
Las autoridades afirmaron que la desorganización del sector es consecuencia de al menos 12 años de descuido. La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, informó que el padrón original de 37 mil unidades presentaba inconsistencias graves que no fueron atendidas por gobiernos anteriores. Entre las anomalías destacan:
- Concesionarios fallecidos que seguían figurando como propietarios activos.
- Vehículos operando fuera de la vigencia permitida por la ley.
- Falta de pagos de derechos y actualizaciones administrativas.
- Unidades que no cumplían con los estándares mínimos de seguridad.
Tras las revisiones, el registro actual se ajustó a 24 mil 730 concesionarios de los cuales solo 16 mil 514 acreditaron satisfactoriamente los procedimientos de supervisión y la Revista Vehicular.
Modernización y cumplimiento de la ley en el estado
El gobernador Armenta enfatizó que estas acciones no solo buscan aplicar sanciones administrativas o penales, sino garantizar el ordenamiento del transporte público en toda la entidad. Reiteró que el objetivo central es la modernización del sector para beneficiar directamente a los usuarios poblanos.
El Gobierno del Estado continuará brindando plazos razonables para que los concesionarios actuales regularicen su situación jurídica y técnica. Con este seguimiento, se pretende erradicar las prácticas de corrupción que permitieron la creación de monopolios y asegurar un servicio digno e incluyente.
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