A poco más de dos meses del devastador incendio en una tienda Waldo’s en Hermosillo, Sonora, un Juez de Control dictó vinculación a proceso en contra de seis personas físicas y la persona moral, por su presunta responsabilidad en el siniestro ocurrido la tarde del 1 de noviembre de 2025, el cual dejó un saldo trágico de 24 personas fallecidas y 15 lesionados.
Cargos y evidencias presentadas
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) basó su imputación en la investigación que incluyó pruebas periciales, documentales y testimoniales. Los delitos que se persiguen, cometidos bajo la figura de conducta culposa, incluyen:
- Homicidio y lesiones: Por las 24 víctimas mortales y los 15 heridos.
- Daños y aborto: Derivados de las afectaciones directas del siniestro.
- Incumplimiento de un deber legal: Relacionado con protocolos de seguridad omitidos.
- Uso de documentos falsos: Detectado durante las auditorías posteriores al incendio.
Medidas cautelares y situación legal
El Juez determinó que el proceso continúe bajo las siguientes condiciones para los imputados:
- Personas físicas: Las seis personas vinculadas llevarán el proceso en libertad, bajo medidas cautelares que incluyen la presentación periódica ante el juzgado, la exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir de Sonora.
- Representante legal de Waldo’s: Se dictó prisión preventiva justificada; sin embargo, esta medida no se ha ejecutado debido a una suspensión de amparo. La Fiscalía ya anunció que impugnará esta situación para garantizar la comparecencia del representante.
- Investigación complementaria: Se otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, tiempo en el que se buscará fortalecer el expediente.
Resoluciones en apelación
Durante la audiencia celebrada el lunes 26 de enero, el Juez decidió no vincular a proceso a dos personas adicionales:
- En un caso, se argumentó la prescripción de la conducta delictiva.
- En el otro, el Juez consideró que no se acreditó la probable responsabilidad.
Ante esto, la representación social manifestó su desacuerdo y confirmó que apelará dicha decisión al considerar que existen elementos suficientes para que todos los involucrados rindan cuentas ante la ley.
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