Justicia española archiva la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual

La batalla legal en territorio español para el icónico cantante Julio Iglesias ha llegado a su fin. La Fiscalía española ha decidido archivar de manera definitiva la denuncia presentada en su contra por los presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas. La resolución se basa en una cuestión técnica fundamental: la falta de jurisdicción y competencia de los tribunales de España para procesar los hechos denunciados.

Falta de jurisdicción: El argumento clave de la Fiscalía

La decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional supone la anulación inmediata de la causa en el país europeo. Según el auto oficial, no existen los elementos legales necesarios para que la justicia española intervenga en sucesos que, de acuerdo con la denuncia, no tuvieron lugar en suelo español.

En su escrito, la fiscalía sostiene:

“Se procede al archivo de las presentes Diligencias de Investigación por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional… no concurre territorialidad, no concurren los requisitos del principio de personalidad activa”.

La defensa de Julio Iglesias y el factor República Dominicana

Julio Iglesias, quien actualmente tiene 82 años, presentó diversas alegaciones a través de su abogado, el reconocido jurista José Antonio Choclán.

La estrategia de la defensa se centró en señalar que:

  1. Los presuntos delitos habrían sido perpetrados en el país caribeño y no en España.
  2. No hay impedimentos para que la justicia de la República Dominicana investigue el caso, siempre y cuando se presente una denuncia formal en dicha nación, algo que hasta el momento no ha ocurrido.
  3. Al no haber una conexión material exigida por la ley española, el caso no puede progresar en los tribunales ibéricos.

¿Qué sigue para el cantante?

Con este fallo, el proceso judicial queda anulado definitivamente en España. La Fiscalía reiteró que no se cumplen los requisitos del “principio de personalidad activa”, el cual permitiría juzgar a un español por delitos cometidos fuera, pero bajo condiciones muy específicas que no se presentaron en este expediente.

Aunque la sombra de la denuncia afectó la imagen pública del intérprete de “Me olvidé de vivir”, legalmente queda libre de cargos en su país natal. Por ahora, el caso solo podría reactivarse si las autoridades de la República Dominicana deciden abrir una investigación propia, basándose en la territorialidad de los supuestos incidentes.

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