Solo un 25% de las denuncias por trata de personas en Puebla resultan en sentencia, revelando una profunda crisis en el acceso a la justicia para las víctimas, según especialistas. La cifra, calificada como un incumplimiento de las obligaciones de protección por parte de las autoridades, subraya la vulnerabilidad de las mujeres en la región Puebla-Tlaxcala, señalada como una de las más afectadas por este delito en México.
Baja Sentencia y Alarma por Desprotección
Rosario Arrambide González, de la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU) de la Ibero Puebla, destacó que entre 2015 y 2022 se contabilizaron 117 casos de mujeres víctimas en el estado, pero solo se emitieron 33 órdenes de protección.
“Esto nos habla de un incumplimiento total de las obligaciones de la Fiscalía en proteger a las mujeres”, expresó la académica.
La falta de sentencias y órdenes de protección para una gran parte de las demandantes expone fallas graves en la respuesta institucional frente a una de las violaciones más severas a los derechos humanos.
Puebla-Tlaxcala: Foco Rojo del Delito
La Universidad Iberoamericana Puebla, en coordinación con el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos, advirtió durante el conversatorio “Tramas de la trata Puebla-Tlaxcala” que ambas entidades enfrentan una crisis estructural.
- Puebla: Registró 280 víctimas entre 2015 y 2022, de las cuales el 63% son mujeres.
- Tlaxcala: Organizaciones señalan que sus redes de trata operan en al menos 17 estados del país. Además, pese a atender a 53 mujeres de 2022 a 2025, no existe un refugio especializado.
Marisol Flores García, directora del Centro Fray Julián Garcés, afirmó que la trata de mujeres en la región “sigue siendo grave y negada por los gobiernos“, a pesar de contar con marcos legales como el Protocolo de Palermo.
Cifra Negra de la ONU
Los casos reportados son solo la superficie del problema. Según la ponente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima una “cifra negra” donde por cada caso denunciado, hay 20 más que no se registran.
Esta invisibilidad se debe, principalmente, a que las víctimas suelen encontrarse en cautiverio, lo que les impide acceder a las instancias de justicia.
Nathaly Rodríguez Sánchez, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, enfatizó la gravedad de la situación, señalando que esta violación “hace objetos a estas víctimas y a las familias”, quienes mantienen la “exigencia de justicia”.
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