Las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron reformas significativas a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con las cuales se incrementan las penas de cárcel para este delito, elevándolas a un mínimo de 15 y un máximo de 25 años de prisión. Con 33 votos a favor, el dictamen fue respaldado por ambas comisiones y ahora pasará al Pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación final.
Aumentan penas para combatir la extorsión en México
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que las modificaciones forman parte del proyecto enviado previamente por la Cámara de Diputados, aunque el Senado introdujo cambios relevantes en al menos 15 artículos. El propósito central es homologar un tipo penal básico para perseguir la extorsión en todo el país, así como reforzar la capacidad del Estado para combatir un delito que afecta tanto a ciudadanos como a empresas.
De acuerdo con Corral, la propuesta contempla la persecución de oficio de los casos de extorsión que se generen desde centros penitenciarios, así como la instauración de procedimientos y tecnologías destinadas a inhibir las llamadas y comunicaciones provenientes de las cárceles, uno de los principales focos de origen de este delito.
La minuta original de la Cámara de Diputados establecía penas de seis a 15 años de prisión; sin embargo, las comisiones del Senado consideraron que dicho rango podría beneficiar a personas que actualmente cumplen condenas por el delito de extorsión, por lo que decidieron incrementar las penas a entre 15 y 25 años de cárcel, tomando en cuenta además una perspectiva de derechos humanos.
Modificaciones clave a la Ley General contra la Extorsión
Los presidentes de las comisiones dictaminadoras, Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázares, señalaron que el aumento de las sanciones busca cerrar lagunas legales y garantizar que los delitos relacionados con extorsión reciban una pena proporcional al daño causado.
Dentro de las reformas aprobadas, se establecen los siguientes criterios:
- Sanciones de 15 a 25 años de cárcel para servidores públicos involucrados
Se aplicará una pena de entre 15 y 25 años de prisión a servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten medios o permitan la comisión de actos de extorsión desde los centros de reclusión. Además, se impondrá una pena adicional de tres a cinco años para quienes incurran en estas conductas.
- De 10 a 20 años de cárcel a autoridades que no denuncien
Servidores públicos responsables de prevenir, investigar o perseguir delitos, así como jueces, ministerios públicos o custodios penitenciarios que no presenten una denuncia ante la presencia de actos de extorsión, enfrentarán entre 10 y 20 años de cárcel.
- Castigo de 6 a 12 años por introducir dispositivos electrónicos en penales
Se sancionará con 6 a 12 años de prisión a quienes introduzcan ilegalmente a centros penitenciarios dispositivos electrónicos capaces de transmitir voz, datos, imágenes o geolocalización para facilitar actos de extorsión.
Impacto en el marco legal federal
Además de modificar la Ley General contra la Extorsión, el proyecto aprobado contempla reformas a diversos ordenamientos federales con el objetivo de fortalecer el marco jurídico que regula la persecución del delito. Entre las leyes que serán modificadas se encuentran:
- El Código Penal Federal
- El Código Nacional de Procedimientos Penales
- La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- La Ley Nacional de Extinción de Dominio
- La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Estas reformas buscan unificar criterios procesales y penales para cerrar el paso a las estructuras criminales que operan desde y fuera de las cárceles, y endurecer el combate contra la extorsión, considerada uno de los delitos más lesivos para la población.
Aumento de penas: una medida para enfrentar un delito en crecimiento
La extorsión se ha consolidado como uno de los delitos de mayor incidencia en el país, afectando a comerciantes, transportistas, empresarios y ciudadanos en general. La decisión de aumentar las penas a un máximo de 25 años de cárcel responde al crecimiento de estas actividades ilícitas, muchas de las cuales se operan desde centros penitenciarios mediante llamadas telefónicas o redes de comunicación clandestinas.
El dictamen aprobado por las comisiones será turnado al Pleno del Senado, donde se definirá su aprobación definitiva. En caso de avanzar sin modificaciones, México contará con uno de los marcos legales más estrictos en materia de extorsión en América Latina.
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