Diversas agrupaciones de mujeres y colectivas feministas en Puebla han emitido un enérgico comunicado condenando la decisión de la jueza de control Alejandra Román Pérez, del Poder Judicial de Puebla, de modificar la medida cautelar a favor de Ricardo N., el primer hombre en Latinoamérica en ser vinculado a proceso por el delito de violencia vicaria.
Ricardo N. es el agresor de Andrea Lezama Bonilla, vocera de la colectiva Cam Cai, y a quien separó de su hijo por más de seis años. La resolución judicial ha desatado una ola de indignación al considerarse un “grave retroceso” en la protección de las víctimas y en el avance que Puebla había logrado en el reconocimiento de esta forma de violencia.
Contradicciones Judiciales y Riesgo para las Víctimas
La jueza Román Pérez determinó sustituir la prisión preventiva justificada por arresto domiciliario, pese a que, según las colectivas, admitió en la misma audiencia la existencia de un riesgo de que el acusado pueda sustraer nuevamente al hijo menor de edad de Lezama. Este hecho fue, precisamente, el que motivó su vinculación a proceso en octubre de 2022.
Entre los puntos más criticados de la decisión se encuentran:
- Arresto en el domicilio de los encubridores: Se instruyó a Ricardo N. a residir en el domicilio de sus padres, quienes, de acuerdo con los antecedentes judiciales, ocultaron su paradero y facilitaron la sustracción del menor por seis años.
- Rechazo a medidas efectivas de seguridad: La jueza negó la colocación de un brazalete electrónico bajo el argumento de que el imputado “no cuenta con recursos económicos” para costearlo.
- Ausencia de análisis de riesgo: Las agrupaciones señalaron que la resolución no tomó en cuenta un análisis de riesgos reciente para las víctimas, la madre y el menor.
Las colectivas sostienen que el fallo “privilegia los derechos del agresor por encima de la seguridad e integridad de la víctima”, demostrando una “falta grave de sensibilidad, preparación y perspectiva de infancias y género”.
Un Precedente en Riesgo
La vinculación a proceso de Ricardo N. en octubre de 2022 marcó un hito internacional al ser el primer caso de este tipo en Latinoamérica. Organizaciones feministas denunciaron que esta reciente decisión del Poder Judicial de Puebla no solo da la espalda a las víctimas, sino que también pone en riesgo el estatus de Puebla como “referente internacional” en el combate a la violencia vicaria.
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