La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha establecido en un primer dictamen, que el trágico accidente que ha cobrado la vida de 13 personas y dejado a decenas de heridos, fue por posible exceso de velocidad del vehículo de carga.
Dictamen pericial clave
En una conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde explicó que el primer dictamen pericial es claro: la pipa, perteneciente a la empresa Transportadora Silza del Grupo Tomza, no circulaba a una velocidad segura. Este factor fue determinante para que el conductor perdiera el control de la unidad, chocara y volcara, provocando una serie de eventos fatales.
Los análisis periciales establecieron que la ruptura en el casquete del tanque se produjo por un fuerte golpe con el pavimento y con una parte del muro de contención del puente. Este impacto fue lo suficientemente severo para liberar el gas LP, lo que derivó en la posterior explosión que conmocionó a la capital del país.
Las autoridades desmintieron las versiones que circulaban en redes sociales, las cuales sugerían que un bache en la vialidad podría haber sido la causa del accidente, ya que no se encontró evidencia de ello.
Investigación penal y la responsabilidad de la empresa
La Fiscalía ha dejado en claro que la investigación penal continuará por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños en propiedad ajena. La situación legal del conductor, que se encuentra hospitalizado bajo custodia, se definirá una vez que su estado de salud lo permita. Sin embargo, este primer dictamen de la fiscalía refuerza la hipótesis de la falta de precaución como causa principal.
Además de las responsabilidades penales, la fiscal Bertha Alcalde indicó que la empresa Transportadora Silza deberá responder por la reparación integral del daño. La compañía cuenta con pólizas de seguro vigentes para cubrir los gastos médicos de las víctimas, la reparación de los inmuebles afectados y las indemnizaciones a las familias de los fallecidos. Este proceso legal busca garantizar que la tragedia no quede impune y que los afectados reciban la compensación justa que merecen.
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