En una operación de alto impacto contra la infiltración criminal en instituciones públicas, fuerzas federales y estatales lograron la detención de funcionarios y exfuncionarios de seguridad pública presuntamente vinculados con el crimen organizado. La acción fue parte de la operación COFRADÍA, encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
dentro de las propias estructuras de seguridad pública.
Esta operación estratégica tuvo como objetivo desarticular una red delictiva que operaba desde dentro de las propias estructuras de seguridad pública.
La investigación, desarrollada durante varios meses mediante labores de inteligencia, permitió la recolección de pruebas suficientes para emitir órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados.
Detenidos clave:
- Diego N.
- Lucero N.
- José Manuel N.
- Ismael N.
De acuerdo con las autoridades, los detenidos presuntamente filtraban información sensible, ofrecían protección a grupos criminales y entorpecían investigaciones relacionadas con homicidios, distribución de drogas y otras actividades delictivas de alto impacto en la región.
Objetivo: limpiar las instituciones
La operación COFRADÍA tiene como eje central desmantelar redes criminales con presencia dentro de organismos de seguridad, reforzando así la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.
“Estas acciones son reflejo del compromiso del Gobierno Federal por construir instituciones sólidas, transparentes y sin vínculos con la delincuencia organizada”, señaló un vocero de la SSPC.
Los cuatro detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente para determinar su situación jurídica.
Coordinación interinstitucional como clave
Este operativo reafirma la importancia de la colaboración entre fuerzas armadas, inteligencia nacional y fiscalías estatales para frenar la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado.
El Gobierno de México reiteró que no permitirá que grupos delictivos se infiltren en las instituciones responsables de garantizar la paz, justicia y seguridad de la población.
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