Katia Aguirre
El Ayuntamiento de Puebla y ejidatarios de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche acordaron una tregua de 60 días sin bloqueos, durante la cual se analizará jurídicamente si los reclamantes tienen derecho a una indemnización por la ocupación de tierras.
Como parte de este plazo, ambas partes plantearon una solución alterna al juicio: evaluar la viabilidad de un acuerdo conciliatorio. A la fecha, no existe una resolución firme ni obligación de pago por parte de la administración municipal.
Esto tras el bloqueo que inició el pasado miércoles, cuando por 32 horas los ejidatarios cerraron el bulevar Valsequillo y otras vialidades importantes de la capital. Al respecto, el consejero jurídico del Ayuntamiento, Enrique Juárez Vasconcelos, y el director jurídico, José Alfonso Aguilar García, explicaron el acuerdo alcanzado con los inconformes.
Juárez Vasconcelos precisó que el proceso legal aún no concluye, aunque ya existe una primera resolución del Tribunal Agrario, fue impugnada mediante un amparo directo que se encuentra en trámite desde enero.
“Todavía no hay una resolución firme que obligue a una u otra de las partes a realizar ciertas conductas o cumplir ciertas obligaciones”, puntualizó.
Además, señaló que hay inconsistencias en los documentos de algunas personas que aseguran tener derecho a la indemnización, pues no todos han logrado acreditar su carácter de ejidatarios en el juicio agrario. Esto, dijo, debe ser analizado por la autoridad jurisdiccional antes de emitir una resolución definitiva.
Por lo tanto, durante los próximos 60 días, el Ayuntamiento, a través de la Sindicatura encabezada por Mónica Silva Ruiz, evaluará la viabilidad de los derechos reclamados por los ejidatarios. En caso de que el dictamen sea favorable, se pasará a una segunda etapa, que será la conciliación para definir si es viable firmar un convenio; de lo contrario, se retomará el proceso jurídico en curso.
“Este medio alterno de solución no transgrede la parte jurisdiccional”, subrayó Aguilar García.
En cuanto al monto económico que algunos ejidatarios han mencionado, se estima, de manera no oficial, que podría oscilar entre mil 200 y mil 900 millones de pesos. No obstante, las autoridades aclararon que no existe hasta ahora una cifra definida ni una orden judicial que obligue a ninguna de las partes a pagar alguna cantidad.
“Es muy apresurado hablar de montos (…) Y como todo juicio, existe la posibilidad de que tengas o no la razón; un juicio es una controversia entre ambas partes, buscando que el juzgador decida”, indicó, reconociendo que existe el riesgo de que el Ayuntamiento tenga que ceder.
Finalmente, los funcionarios reiteraron que, independientemente del resultado jurídico, el Ayuntamiento de Puebla mantendrá el diálogo abierto con los ejidatarios y continuará buscando soluciones a través de mecanismos de conciliación.
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