Thalía Becerra
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un polémico plan para Washington D.C., que incluye la expulsión de personas en situación de calle de los espacios públicos.
Así como la declaración de una “Emergencia de Seguridad Pública” para tomar el control federal de la capital.
La medida, que ha generado un intenso debate, busca abordar el crimen y la problemática de la indigencia, aunque enfrenta fuertes críticas sobre su viabilidad legal y su enfoque social.
La declaración de “Emergencia de Seguridad Pública”
Este 10 de agosto, a través de su red social Truth Social y en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump detalló su intención de “liberar a Washington D.C. del crimen y la inmundicia”.
Para lograrlo, declaró una “Emergencia de Seguridad Pública”, una acción que, según la Ley de Autonomía de 1973, le permite asumir competencias de seguridad en circunstancias especiales.
Esta declaratoria le otorgaría el control de la Policía Metropolitana de D.C. y la posibilidad de desplegar a la Guardia Nacional. Trump justificó la medida afirmando que la capital se ha vuelto demasiado peligrosa.
Sin embargo, los registros de la policía local muestran que se ha producido una reducción del 7% en todos los delitos en lo que va de año, incluyendo una disminución del 26% en delitos violentos.
La expulsión de personas sin hogar
Uno de los puntos más polémicos del plan es la expulsión inmediata de personas sin hogar de los espacios públicos, como pasos subterráneos y parques.
El presidente aseguró que su administración los trasladará a “lugares para quedarse”, aunque no precisó las condiciones ni las ubicaciones exactas de estos alojamientos.
Según datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, en 2024 más de 5,600 personas vivían en situación de calle en la capital.
Esta medida ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que temen un enfoque punitivo y deshumanizante hacia una población vulnerable.
El debate sobre el control federal
El plan de Trump implica un paso sin precedentes en la relación entre el gobierno federal y el autogobierno de Washington D.C. Desde 1973, la capital ha tenido una autonomía limitada, permitiendo a sus residentes elegir a sus líderes locales.
La Ley de Autonomía, no obstante, reserva al presidente ciertas facultades, aunque la autoridad para tomar el control de la fuerza policial en emergencias expira en 30 días, a menos que el Congreso la prorrogue.
La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha criticado la postura del presidente, afirmando que la ciudad no está experimentando un repunte en los índices delictivos.
La tensión entre el poder federal y la autonomía local podría intensificarse si el plan de Trump busca concretarse.
Las reacciones políticas y sociales
El anuncio de Trump ha desatado un intenso debate. Mientras algunos sectores apoyan la necesidad de restaurar el orden público en la capital, otros, cuestionan la legalidad y la ética de las medidas propuestas.
A las afueras de la Casa Blanca, cientos de personas se concentraron para protestar, mostrando la división de opiniones.
La implementación de este plan requerirá un arduo camino legal y político, que pondrá a prueba los límites del poder presidencial.
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