La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves que enviará una propuesta de reforma Constitucional y legal al Congreso de la Unión. La iniciativa plantea la creación de una comisión especializada dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) enfocada en evaluar y verificar si los aspirantes a cargos de elección popular cuentan con vínculos o nexos con el crimen organizado. El objetivo primordial es impedir la infiltración de la delincuencia en los gobiernos locales y federales.
Comisión de Verificación de Integridad
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló los aspectos técnicos de la iniciativa, que contempla modificaciones directas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:
- Integración del órgano: La denominada Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas será un órgano dependiente del INE. Estará integrada formalmente por 5 consejeros electorales, quienes serán elegidos y votados por el Consejo General para ejercer un periodo de 3 años.
- El puente institucional: Funcionará como un vínculo directo entre los partidos políticos que decidan participar y las máximas autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia del Estado mexicano.
¿Cómo funcionará el semáforo contra el crimen organizado?
El proceso de evaluación de perfiles institucionales se dividirá en seis etapas secuenciales y estratégicas destinadas a salvaguardar la legalidad:
- Entrega de padrones: Los partidos políticos entregarán de manera voluntaria a la Comisión del INE las listas completas de sus aspirantes.
- Cruce de inteligencia nacional: Recibidas las listas, los 5 consejeros consultarán los nombres con las bases de datos de cuatro instituciones clave:
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- El Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
- La Fiscalía General de la República (FGR).
- Análisis técnico: Las dependencias federales revisarán sus expedientes y emitirán un dictamen bajo dos únicas categorías: “No existe riesgo” o “Hay riesgo razonable” de vínculos con bandas delictivas.
- Resguardo de datos: Para proteger los marcos legales, las instituciones entregarán la información a la Comisión sin señalar el asunto específico o la carpeta de investigación de la que se derive dicho riesgo.
- Veredicto a los partidos: El INE informará al partido solicitante si existe o no el “riesgo razonable” detallando qué instancias lo advirtieron. Con este dato, los partidos políticos serán los responsables absolutos de determinar si registran o niegan la candidatura.
- Ruta penal: De encontrarse información relevante o sensible, las dependencias de seguridad continuarán por oficio con las investigaciones correspondientes en el terreno penal.
Obligatoriedad, debido proceso y confidencialidad
La propuesta gubernamental establece candados estrictos para evitar que este mecanismo sea utilizado como un arma de persecución política o guerra sucia mediática.
- Consentimiento obligatorio: Las personas que aspiren a una candidatura tendrán como requisito obligatorio manifestar por escrito al partido político que los postule su plena conformidad de ser evaluados por la Comisión del INE. Esta regla operará independientemente de si el partido decide o no someter la lista a consulta.
- Cero filtraciones: Todo el proceso se realizará bajo rigurosas condiciones de confidencialidad entre todas las partes. Los datos identificados por las autoridades competentes tendrán carácter reservado, asegurando que no se afecte el debido proceso ni la presunción de inocencia de los involucrados.
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