Durante el ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla documentó 27 casos de acoso escolar en instituciones educativas públicas y privadas del estado, además de aplicar 43 sanciones administrativas a docentes, de las cuales 23 derivaron en la separación definitiva del cargo, informó el titular de la dependencia, Manuel Viveros Narciso.
La mayoría de los casos de bullying ocurrieron en escuelas públicas
De acuerdo con la información oficial, 19 casos de bullying fueron detectados en escuelas públicas, mientras que ocho casos correspondieron a instituciones educativas privadas.
El secretario de Educación señaló que cada uno de los reportes fue atendido conforme a los protocolos establecidos por la dependencia, con el propósito de garantizar la protección de los estudiantes y fortalecer los mecanismos de prevención dentro de los planteles.
Las cifras corresponden al balance del ciclo escolar que concluyó recientemente y forman parte del seguimiento que realiza la SEP estatal en materia de convivencia escolar.
SEP aplicó 43 sanciones a docentes; 23 fueron cesados
En materia administrativa, Manuel Viveros Narciso informó que la dependencia emitió 43 sanciones contra docentes por distintas irregularidades detectadas durante el ciclo escolar.
Precisó que 23 maestros fueron cesados, mientras que el resto recibió otras medidas disciplinarias conforme a la gravedad de las faltas.
El funcionario explicó que las sanciones estuvieron relacionadas con conductas como acoso laboral, abuso de autoridad, faltas injustificadas, falta de honradez y otras irregularidades previstas en la normatividad aplicable.
Durante su intervención, expresó:
“Quiero decirles que este número, los casos por acoso laboral, abusos de autoridad, faltas injustificadas, falta de honradez, se ha sancionado a maestros”.
Buscan fortalecer la supervisión en las escuelas
La Secretaría de Educación Pública reiteró que continuará aplicando los procedimientos administrativos correspondientes cuando existan denuncias o se acrediten conductas que vulneren los derechos de estudiantes o del personal educativo.
Asimismo, la dependencia mantiene acciones de supervisión y atención para prevenir casos de violencia escolar y garantizar que las instituciones educativas operen bajo condiciones de respeto, seguridad y apego a la normativa vigente.
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