La Academia Militarizada “Ignacio Zaragoza” dispone de un plazo de cinco días para corregir las observaciones formuladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla. De no cumplir en el tiempo establecido, las autoridades procederán legalmente, confirmó el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier.
La medida se da tras las protestas de padres de familia frente al plantel educativo, quienes rechazan el posible cierre definitivo de la institución.
Gobierno de Puebla actuará con apego a la ley
Durante una entrevista realizada en la junta auxiliar de Romero Vargas, el mandatario estatal enfatizó que el proceso se mantendrá estrictamente dentro del marco legal y respetando los procedimientos institucionales.
“Nosotros acatamos la ley pero todas las instituciones tienen procedimientos, si no se siguen los procedimientos se violenta la ley, entonces se va a proceder con apego a la ley; si la ley dice que hay que proceder de tal forma, nosotros lo vamos a acatar”, declaró Armenta Mier.
SEP mantiene supervisión y ofrece reubicación a estudiantes
Por su parte, la SEP informó que mantendrá las inspecciones y visitas de vigilancia en las instalaciones del colegio hasta la emisión del dictamen final. El objetivo central es brindar certeza legal y académica a la comunidad estudiantil de los niveles de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior.
Asimismo, la dependencia estatal habilitó un canal de atención para acompañar a las familias que deseen reubicar a sus hijos en otros planteles:
- Garantía del derecho a la educación: Se apoyará el trámite de inscripción en otras escuelas públicas o privadas.
- Orientación personalizada: Atención directa a dudas sobre el proceso de cambio de matrícula.
¿Qué pasará con las cuotas y reinscripciones?
Respecto a la devolución de dinero por concepto de inscripción y reinscripción, la SEP aclaró que los tutores deberán acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Al tratarse de un contrato de prestación de servicios entre particulares, la PROFECO es la instancia legal competente para resolver la devolución de los pagos efectuados.
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