Karime Macías Tubilla, ex primera dama de Veracruz, ha obtenido asilo político en el Reino Unido, una decisión que bloquea de manera definitiva su proceso de extradición a México. Con esta medida, Macías no será entregada a las autoridades nacionales para responder por la orden de aprehensión girada en mayo de 2018.
La justicia británica tomó esta determinación a pesar de que, en febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster había avalado inicialmente su entrega. Sin embargo, una serie de recursos legales y argumentos sobre violaciones al debido proceso cambiaron el rumbo del caso.
Las claves que detuvieron el proceso
Fuentes del Gabinete de Seguridad revelaron que la defensa de Macías logró convencer a los tribunales británicos basándose en tres puntos críticos:
- Prescripción del delito: Se argumentó que el delito de fraude específico ya habría prescrito y que esta información fue omitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al solicitar la extradición.
- Testimonios bajo tortura: La acusación se sustentaba principalmente en las declaraciones de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud de Veracruz, quien posteriormente denunció haber sido torturado para señalar a Macías.
- Vicios en el proceso: La defensa alegó que el juicio de extradición estaba viciado desde su origen en México.
Karime Macías fue detenida en Londres en octubre de 2019. Tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas, enfrentó su proceso en libertad condicional, manteniendo siempre un perfil bajo en la capital británica.
El caso del DIF Veracruz
La Fiscalía General del Estado de Veracruz acusa a Macías Tubilla de haber desviado 112 millones de pesos del erario público durante su gestión al frente del DIF estatal. Según las investigaciones, estos recursos fueron entregados a una red de empresas inexistentes o “fantasmas”.
Aunque en diciembre de 2022 un juzgado de la Ciudad de México le negó un amparo y ratificó la vigencia de su captura, la protección internacional brindada por el gobierno británico prevalece sobre las intenciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
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