En el marco del Foro “Libertad de Expresión y Ciberseguridad en Puebla”, especialistas en derecho, comunicación, seguridad digital y representantes del Poder Legislativo coincidieron en que las recientes reformas al Código Penal del estado de Puebla permiten proteger a las víctimas de delitos cibernéticos sin restringir el derecho a la libertad de expresión.
El evento reunió a autoridades, académicos, periodistas, organizaciones civiles e instituciones públicas y educativas, con el objetivo de analizar el impacto legal, social y ético de la legislación en materia de ciberseguridad.
Delitos cibernéticos, antes invisibles ante la ley
Durante su intervención, Juan Carlos Pérez Vallejo, director general de Servicios Técnicos y Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, subrayó la importancia de legislar los delitos cometidos en entornos digitales:
“Conducta que no se legisla, se repite. Periodistas y ciudadanos han sido víctimas de usurpación de identidad, espionaje digital, hackeos y ciberasedio, situaciones que deben abordarse desde una perspectiva legal y preventiva.”
Pérez Vallejo destacó la necesidad de una coordinación efectiva entre la Policía Cibernética, la Fiscalía y el Poder Judicial, para garantizar la protección de los derechos de las y los ciudadanos en entornos digitales.
Marco legal más claro y eficaz
Por su parte, Gabriel Alonso de Haro López, coordinador general de Análisis de Información de la Fiscalía General del Estado, señaló que antes de las reformas existía un vacío jurídico que obstaculizaba el castigo a delitos digitales.
Con la tipificación del ciberasedio, espionaje digital y usurpación de identidad, el nuevo marco legal:
- Otorga herramientas jurídicas claras al Ministerio Público.
- Facilita la persecución y sanción de conductas digitales ilícitas.
- Refuerza el lenguaje legal y técnico que permite abordar los delitos cibernéticos con mayor precisión.
Libertad de expresión, un derecho preservado
El magistrado Juan Jesús Gutiérrez Estrada, del Tribunal Superior de Justicia, explicó que el objetivo de las reformas no es limitar la libertad de expresión, sino proteger a las víctimas:
“El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad digital sin vulnerar los derechos fundamentales, como la libre expresión de ideas.”
Participación plural y cuestionamientos críticos
Durante el foro también participaron:
- Shanik Amira David George, del Observatorio Con los Ojos Abiertos de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien planteó cuestionamientos clave sobre el alcance de las reformas.
- Marco Antonio Moreno Rosado, secretario técnico ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
- Joseline San Martín Rosas, directora de la Policía Cibernética.
Ambos ofrecieron sus puntos de vista sobre la necesidad de equilibrio entre seguridad y derechos humanos, además de resaltar el papel de la ciudadanía informada en la vigilancia del uso responsable de las nuevas facultades legales.
Presencia legislativa en el foro
El evento contó con la asistencia de diputadas y diputados del Congreso local, entre ellos:
- Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
- Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez
- Guadalupe Yamak Taja
- Angélica Patricia Alvarado Juárez, entre otros representantes.
Su presencia subrayó el respaldo institucional y la disposición para seguir afinando el marco legal en materia de ciberseguridad, con enfoque en derechos humanos y libertad de prensa.
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