En Puebla, el combate al maltrato animal podría dar un paso importante con una nueva propuesta legislativa que busca endurecer las sanciones contra quienes dañan a los animales. La iniciativa contempla la creación de un registro de violentadores y la prohibición para poseer mascotas a personas señaladas por este delito.
La diputada de Morena, Elisa Limón Balderrabano, presentó ante el Congreso del Estado de Puebla la iniciativa para crear la Ley de Responsabilidad y Reparación del Daño por Maltrato Animal, con el objetivo de fortalecer el marco legal y garantizar justicia en casos de abuso.
Registro de agresores y restricción para tener mascotas
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un padrón de personas sancionadas por maltrato animal, el cual permitiría identificar a los agresores y evitar que vuelvan a tener bajo su cuidado a algún ser vivo.
La legisladora explicó que la permanencia en este registro de maltratadores no será permanente, ya que estará sujeta a los plazos que determinen las autoridades correspondientes, dependiendo de la gravedad del caso y el cumplimiento de las sanciones.
Reparación del daño, clave en la iniciativa
Además de la restricción para poseer animales, la propuesta contempla que quienes incurran en violencia contra animales deberán cumplir con la reparación del daño, lo que implica asumir las consecuencias de sus actos, ya sea mediante sanciones económicas, atención veterinaria o medidas que garanticen el bienestar de las víctimas.
Esta medida busca no solo castigar, sino también generar conciencia y responsabilidad en torno al cuidado de los animales, un tema que ha cobrado relevancia en la agenda pública debido al incremento de denuncias por maltrato animal en Puebla.
Hacia una cultura de protección animal
La iniciativa de ley se suma a los esfuerzos por fortalecer la protección animal en el estado, promoviendo una cultura de respeto y sanciones más estrictas contra quienes atenten contra la vida y bienestar de los animales.
De aprobarse, esta legislación marcaría un precedente en Puebla al establecer mecanismos más claros para prevenir la reincidencia y garantizar que los agresores enfrenten consecuencias legales reales.
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