En un esfuerzo por salvaguardar la seguridad vial y proteger a los automovilistas de esquemas de extorsión, el Congreso del Estado de Puebla ha recibido una propuesta de reforma al Código Penal que busca sancionar severamente a los denominados “montachoques”.
Esta iniciativa, impulsada por la diputada local Fedrha Suriano Corrales, del partido Movimiento Ciudadano (MC), plantea penas de prisión que podrían alcanzar hasta los 12 años de cárcel para quienes incurran en esta práctica delictiva. La medida busca disuadir a los grupos organizados que se dedican a simular accidentes automovilísticos con el fin de obtener un beneficio económico ilícito.
El fenómeno de los montachoques: Una amenaza para los conductores
El fenómeno de los “montachoques” se ha convertido en una preocupación creciente en diversas ciudades del país, y Puebla no es la excepción. Estos delincuentes operan provocando o simulando colisiones automovilísticas para, posteriormente, intimidar a los conductores y exigirles dinero en efectivo o transferencias bancarias bajo amenaza. Su modus operandi suele involucrar el uso de la intimidación psicológica, el engaño y, en ocasiones, la violencia física, para lograr su cometido.
Las víctimas de los “montachoques” a menudo se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Los reportes indican que los grupos criminales suelen enfocarse en automovilistas específicos, incluyendo a turistas que desconocen las dinámicas locales, mujeres y adultos mayores, quienes pueden ser percibidos como menos propensos a resistir o más fáciles de intimidar. Esta práctica no solo genera pérdidas económicas para los afectados, sino que también provoca un sentimiento de inseguridad y temor al conducir.
La propuesta de reforma al Código Penal de Puebla
La iniciativa presentada por la diputada Fedrha Suriano Corrales propone una reforma al Artículo 415 del Código Penal del Estado de Puebla. El objetivo central es tipificar y establecer penas específicas para el delito de “montachoques”, lo que permitiría a las autoridades contar con un marco legal más robusto para perseguir y sancionar esta actividad.
La propuesta establece una pena base de prisión de 2 a 8 años y multas que podrían ascender hasta las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para aquellas personas que “causen o simulen accidentes automovilísticos con el propósito de obtener un beneficio económico a través de amenazas, presión psicológica o engaño”. Esta base busca abarcar el acto de la extorsión directa ligada a la colisión simulada.
La propuesta legislativa contempla una serie de circunstancias agravantes que, de presentarse, incrementarían significativamente las penas. La sanción podría aumentar hasta en una mitad, lo que implicaría un máximo de 12 años de prisión, si el delito se comete bajo alguna de las siguientes condiciones:
- Comisión en grupo: Si el crimen es perpetrado por dos o más personas que actúan de manera organizada. Esto busca golpear las estructuras de las bandas criminales dedicadas a esta actividad.
- Violencia física o psicológica: Si los “montachoques” emplean la violencia para someter a la víctima.
- Vulnerabilidad de la víctima: Si el objetivo del ataque son menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad. Esta agravante busca proteger a los sectores más indefensos de la población.
- Suplantación de identidad: Si los perpetradores se hacen pasar por autoridades o servidores públicos para intimidar y extorsionar a los conductores. Esta táctica no solo agrava el delito, sino que también socava la confianza en las instituciones.
La inclusión de estas agravantes demuestra la intención de la legisladora de abordar la complejidad de este delito y asegurar que las penas sean proporcionales a la gravedad de los actos y el daño causado a las víctimas.
Contexto del problema y alcance de la propuesta
El fenómeno de los “montachoques” se ha identificado principalmente en las zonas urbanas de Puebla y su zona metropolitana. Estas áreas, caracterizadas por un alto flujo vehicular y una mayor densidad de población, ofrecen un escenario propicio para que los delincuentes operen con mayor facilidad, mezclándose entre el tráfico y aprovechando la distracción de los conductores.
La iniciativa, una vez presentada, ha sido turnada a las comisiones correspondientes dentro del Congreso del Estado de Puebla para su análisis, discusión y eventual dictamen. Este proceso legislativo es fundamental para asegurar que la propuesta sea revisada a fondo, se escuchen diversas voces y se determine su viabilidad e impacto legal antes de que pueda ser votada en el Pleno. La transparencia legislativa es un punto clave en este proceso.
De ser aprobada, esta reforma representaría un instrumento legal más fuerte para las autoridades ministeriales y policiales en la lucha contra los “montachoques”. El objetivo es que la tipificación específica del delito y las penas más elevadas sirvan como un elemento disuasorio para quienes intenten incursionar en esta actividad criminal.
Los beneficios potenciales de esta reforma incluyen:
- Mayor protección para los conductores: Reduciendo la vulnerabilidad de los automovilistas ante este tipo de extorsiones.
- Fortalecimiento del marco legal: Proporcionando a las autoridades herramientas más claras para perseguir y sancionar a los “montachoques”.
- Disminución de la impunidad: Al hacer más severas las consecuencias, se busca desincentivar la comisión de estos delitos.
- Generación de confianza: Contribuyendo a que los ciudadanos se sientan más seguros al transitar por las calles y carreteras de Puebla.
La propuesta de la diputada Fedrha Suriano Corrales es un paso importante para abordar una problemática que ha afectado la seguridad patrimonial y personal de muchos ciudadanos. La sociedad poblana se mantiene atenta al proceso legislativo de esta iniciativa, esperando que se traduzca en acciones concretas que garanticen la seguridad vial y la protección de los automovilistas.
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