La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, medida que se implementará de manera progresiva y cuya aplicación obligatoria comenzará el 1 de enero de 2027.
De acuerdo con el decreto, esta modificación busca transformar las condiciones laborales en el país mediante una disminución paulatina del tiempo de trabajo. La transición contempla una reducción de dos horas por año, con el objetivo de alcanzar el nuevo esquema en 2030.
¿Cómo será la reducción de la jornada laboral?
El calendario establecido en las disposiciones transitorias señala lo siguiente:
- 2026: 48 horas semanales
- 2027: 46 horas
- 2028: 44 horas
- 2029: 42 horas
- 2030: 40 horas
Además, se mantiene el derecho de las y los trabajadores a contar con al menos un día de descanso por cada seis días laborados, con goce íntegro de salario y prestaciones.
Cambios clave en la Ley Federal del Trabajo
Las modificaciones a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo incluyen aspectos relevantes para empleadores y trabajadores:
- La jornada semanal podrá distribuirse de común acuerdo entre ambas partes.
- La jornada diaria se mantiene en:
- 8 horas (diurna)
- 7 horas (nocturna)
- 7.5 horas (mixta)
- Las horas extra no podrán exceder de 12 horas semanales, ni distribuirse en más de tres días por semana, con un máximo de cuatro horas diarias.
Control electrónico obligatorio
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la obligación para los empleadores de implementar un sistema de control electrónico de asistencia, el cual deberá:
- Registrar el inicio y fin de la jornada laboral
- Estar disponible para las autoridades cuando sea requerido
El incumplimiento de esta disposición podría derivar en multas que van de 250 a 5000 UMA, es decir, aproximadamente entre 29 mil y 586 mil pesos.
Periodo de transición en 2026
Aunque el decreto entra en vigor el 1 de mayo de 2026, se establece un periodo de ajuste hasta el 31 de diciembre de 2026, durante el cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será la encargada de implementar mecanismos para evaluar la aplicación de esta reforma.
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