El Instituto para la Gestión Administración y Vinculación Municipal (Igavim) se equivoca al asegurar que con la aplicación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), los poblanos tendrán que pagar más por ser propietario o poseedor de bienes inmuebles, ya que el instituto solo está contemplando las cuotas mensuales máximas, sin tomar en cuenta los estímulos fiscales obligatorios, cuya fórmula garantiza que nadie pague más de lo que le tocaría pagar con la fórmula anterior, que se declaró inconstitucional.
Ya que la aprobación de las Leyes de Ingresos Municipales para el cobro del DAP, por parte del Congreso del Estado, permite a los municipios establecer un estímulo fiscal para que las nuevas cuotas mensuales a pagar sean exactamente igual a las que se pagaban anteriormente.
Esto quiere decir que los hogares de menores recursos que pagan 100 pesos de luz por mes, por citar un ejemplo, y que con el esquema anterior pagana 6.5 pesos al mes, aun cuando la cuota máxima señale 90 pesos no necesariamente tendrá que pagar esta cantidad, ya que se estará aplicando el estímulo fiscal con la finalidad de que la población pague lo mismo, es decir los 6.5 pesos mensuales, lo cual no menciona el Igavim ya que solo está tomando en cuenta las cuotas máximas de cada municipio.
Para esto se establece una nueva fórmula que elimina los vicios de inconstitucionalidad al desvincular el cobro del DAP a la prestación de un servicio como lo es el consumo de luz en los hogares y empresas, que no tiene nada que ver con lo que le cuesta al municipio prestar el servicio de alumbrado público, estableciendo una cuota fija (que es distinta en cada municipio), que sale de dividir todo lo que se gasta el municipio para prestar el servicio de alumbrado público entre el número total de predios en el mismo municipio.
El nuevo esquema transparenta el mecanismo de cobro y obliga a los municipios a que les rindan cuentas a los ciudadanos de lo que se cobra y al mismo tiempo, obliga a los municipios a utilizar los recursos del DAP para garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento del sistema de alumbrado público, sin afectar los bolsillos de los poblanos, como erróneamente se está asegurando.