La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no hay “ningún riesgo” tras la reciente entrega voluntaria a la justicia de Estados Unidos de dos hombres clave en la administración del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Se trata del general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas. Ambos están bajo custodia estadounidense enfrentando acusaciones por presuntos vínculos operativos y financieros con el Cártel de Sinaloa.
“Fue una decisión de ellos”: Sheinbaum descarta impactos
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal fue cuestionada sobre las implicaciones políticas y de seguridad que estos testimonios o procesos judiciales podrían traer para el país y para el partido oficialista.
“Ningún riesgo, ninguno. Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo. Ninguno”, argumentó de forma tajante la mandataria mexicana.
Al profundizar sobre el discurso punitivo proveniente de Washington —donde la administración de Donald Trump ha sugerido clasificar a facciones locales o agrupaciones políticas afines como organizaciones terroristas— Sheinbaum rechazó por completo el escenario: “No, ningún riesgo”. Asimismo, aclaró que aunque Trump ha emitido declaraciones señalando que en algunas regiones de México impera un “gobierno de narcos”, bajo ninguna circunstancia esas alusiones se refieren a la figura de la presidenta de la República.
Operativos y finanzas bajo la lupa
La entrega de los excolaboradores de Rocha Moya, de un alista de diez funcionarios en la que se incluye al gobernador con licencia, ocurrió la semana pasa.
Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública ingresó a la Unión Americana desde Hermosillo, Sonora, y formalizó su rendición en el estado de Arizona. De manera inmediata fue trasladado a Nueva York, donde enfrentará su proceso penal.
El Departamento de Justicia lo acusa de recibir sobornos mensuales superiores a los 100 mil dólares por parte de la facción de Los Chapitos. A cambio del dinero, presuntamente alertaba al grupo criminal con antelación sobre al menos 10 redadas policiales, permitiéndoles evacuar laboratorios de droga y armamento.
Enrique Díaz, exsecretario de Administración y Finanzas, se entregó de forma voluntaria ante las autoridades de Nueva York. Díaz Vega es señalado como el presunto operador encargado de los flujos de dinero y blanqueamiento de capitales del entorno gubernamental local vinculado con el crimen organizado.
Próximos pasos judiciales
Tanto Mérida Sánchez —quien inicialmente se declaró no culpable para abrir espacio a negociaciones de información— como Díaz Vega, se encuentran recluidos. La primera audiencia formal de revisión del proceso quedó calendarizada para el próximo 1 de junio de 2026 ante la jueza Katherine Polk Failla en Nueva York.
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