La falsa psiquiatra Marilyn N. continuará en prisión luego de que su audiencia, programada para el lunes 20 de octubre en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, fuera pospuesta debido a irregularidades en el proceso judicial.
La audiencia tenía como objetivo determinar si el juez de control concedería la suspensión condicional del proceso, pero fuentes cercanas al caso informaron que la diligencia fue diferida por la retirada de las carpetas de investigación a los agentes del Ministerio Público originalmente asignados al caso.
La nueva fecha de la audiencia se espera para este martes 21 de octubre, luego de que la documentación fuera entregada a la Dirección de Litigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), que estuvo bajo la administración de Gilberto Higuera Bernal, actual abogado defensor de Marilyn N. Esta situación ha provocado que el proceso se vea retrasado, sin embargo, la acusada sigue enfrentando cargos graves y se mantiene bajo custodia mientras se definen los próximos pasos.
El caso de Marilyn N.: Una falsa psiquiatra en Puebla
La historia de Marilyn N. comenzó a salir a la luz en noviembre de 2024, cuando una denuncia viralizada en redes sociales señalaba que la mujer se hacía pasar por psiquiatra, ofreciendo consultas a personas en Puebla. La denuncia fue difundida por la cuenta @charlatanesmed en X (anteriormente Twitter), que revelaba que la falsa profesional de la salud llevaba a cabo sesiones de consulta en un despacho ubicado en los Edificios de Torres Médicas, cerca del Periférico Ecológico y de Ciudad Judicial.
Lo que parecía ser una falsa profesionalidad fue confirmado más tarde cuando se descubrió que Marilyn N. solo contaba con estudios en Derecho y que su cédula profesional fue emitida por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Además, aunque poseía una maestría en Criminalística y un doctorado, ninguno de sus estudios tenía relación con la medicina ni mucho menos con la psiquiatría.
Tras la denuncia, se inició un proceso legal en su contra que culminó en su detención en noviembre de 2024. Desde entonces, Marilyn N. ha enfrentado diversos cargos, siendo vinculada a proceso por el delito de usurpación de profesiones.
Delitos adicionales y audiencia federal
A pesar del retraso en la audiencia estatal, Marilyn N. aún debe enfrentarse a otra audiencia de carácter federal programada para el 23 de octubre de 2025. En este caso, se tratarán cargos relacionados con la prescripción indebida de narcóticos, lo que agrava aún más su situación legal.
Las autoridades federales investigan su posible implicación en la venta ilegal de medicamentos controlados, que ella habría recetado a pacientes bajo la falsa premisa de ser psiquiatra, lo cual ha generado una preocupación mayor en la sociedad sobre la seguridad en los servicios médicos.
Implicaciones y consecuencias para la falsa psiquiatra
El caso de Marilyn N. pone en evidencia la vulnerabilidad de los pacientes que confían en profesionales de la salud, sin conocer a fondo sus credenciales ni antecedentes. Además, resalta la importancia de que las autoridades sigan luchando contra la usurpación de profesiones, que puede tener consecuencias fatales para las personas que buscan atención médica.
En cuanto a los procedimientos legales, la defensa de Marilyn N. se mantiene activa, argumentando que la mujer no actuó con dolo y que su actividad era solo parte de un error administrativo. Sin embargo, el proceso judicial sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas se determine el futuro de la falsa psiquiatra.
La importancia de verificar la autenticidad de los profesionales
El caso de Marilyn N. subraya la importancia de verificar los antecedentes y credenciales de los profesionales de la salud antes de buscar su consulta. En Puebla, las autoridades han lanzado campañas de concientización para prevenir situaciones similares, con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de los ciudadanos.
Por otro lado, el Gobierno Estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y otros organismos de salud pública trabajan de manera conjunta para prevenir el ejercicio ilegal de profesiones y ofrecer a la ciudadanía mayores garantías en sus servicios médicos.
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