Con la mayoría calificada de 332 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular y con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de simplificación orgánica.
En lo particular, se aceptó la reserva del diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), al artículo 28 constitucional y en los transitorios, a fin de formar una nueva autoridad en materia de competencia económica, que se integrará a partir de concentrar las facultades que anteriormente tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica, y unificarla con todas las facultades establecidas en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Ramírez Cuéllar indicó que es una autoridad que será reglamentada por la legislación secundaria, pero que cumple cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio; son órganos independientes, con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción, y que van a permitir mayor competencia económica en el país.
La nueva autoridad que se propone, abundó, tiene como base el fortalecimiento para imponer multas, acortar los periodos de investigación, llegar a acuerdos con el Poder Judicial para que las sanciones se determinen de manera expedita, a fin de que los niveles de competencia aumenten, se incrementen los beneficios a los consumidores y usuarios y se genere mayor participación en todos los mercados de bienes y servicios, así como llevar al país a mejores niveles de competencia economía y bienestar.
El diputado Monreal Ávila subrayó que la reserva es importante porque mantiene la operación técnica de manera independiente, porque se crean dos instituciones para atender las funciones técnicas del IFT y la Cofece. Por eso, todas las funciones de los órganos ahora en proceso de extinción van a ser reasignados a las secretarías de Estado o a la Administración Publica donde corresponden, “desde nuestro punto de vista”.
Destacó que cerca de 15 mil millones de pesos se podrán reasignar al presupuesto para educación, salud, campo, agua, a la UNAM y universidades. “Esa es la idea; que con estos 15 mil millones podamos atender estos reclamos que nos parecen son prioritarios”
Las reformas que se han aprobado a la Constitución, dijo, son para frenar el saqueo, revertir las privatizaciones y evitar el desmantelamiento del Estado nacional, darle lugar al Estado mexicano que sea el rector de la economía y el rector social de la sociedad.
Por Morena, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno argumentó que no solo es la reestructuración de la Administración Pública o una garantía en el cumplimiento de tratados internacionales, sino que tendrá beneficio directo para el pueblo de México y abona a garantizar un mercado sano que ofrezca a los consumidores calidad en los bienes y servicios, precios accesibles y una oferta amplia para una mejor elección.
Las normas generales y actos emitidos en materia de libre competencia y concurrencia, así como en telecomunicaciones y radiodifusión, en cumplimiento de las facultades atribuidas en los párrafos décimo quinto al décimo noveno de este artículo, o las omisiones en las que incurran, podrán ser impugnadas únicamente mediante juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.
Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de la Constitución. En ningún caso se admitirán recursos constitucionales contra actos intraprocesales.
De igual modo, se incluyeron los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios, en donde se establece que las modificaciones a los párrafos décimo quinto a vigésimo del artículo 28 que se reforman en el presente decreto, entrarán en vigor en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria a que hace referencia el siguiente párrafo.
Precisa que el Congreso de la Unión expedirá las leyes secundarias en materia de competencia y libre concurrencia, y en cuanto a telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente, para el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 28 de la Constitución.
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