@lvelezi
La retractación que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco –331 mil 966 millones de pesos-, pocas horas después de que el presidente rechazara la información, debe preocuparnos porque o, en efecto se trató de un error sobre un tema muy relevante, o el auditor no resistió la presión de la Presidencia. En ambos casos no son buenas noticias para avanzar en un sistema eficaz de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Hasta el momento la ASF, que es un órgano técnico que responde a la Cámara de Diputados y cuya función es revisar el ejercicio del gasto público federal por parte de los gobiernos, no ha dado mayor explicación. La Auditoría se limitó a emitir, apenas unas horas después de la declaración presidencial, un comunicado en el que admitió inconsistencias en el monto estimado debido a “deficiencias metodológicas”; un día después el secretario de Hacienda dijo que en la revisión se “cometieron errores básicos de contabilidad”.
¿Pudo la ASF revisar la auditoría o su metodología en unas cuántas horas? Las dudas sobre esto han generado fuertes críticas sobre si en realidad hubo errores o el auditor David Colmenares optó por “echarse para atrás” ante el enojo presidencial y el alud de ataques contra su persona. Un dato relevante es que por primera vez desde el 2000 un auditor trabaja con una Cámara de Diputados con mayoría del partido del jefe del Ejecutivo y no de la oposición.
Sobre la revisión de la ASF al aeropuerto, lo primero que hay que mencionar es que el órgano realizó una auditoría de desempeño que es aquélla que busca saber si se lograron los objetivos planteados en una política pública, en este caso, si la decisión de cancelar el proyecto cumplió con lo que la motivó. El resultado que obtuvo fue que la cancelación costó casi 332 mil millones de pesos, equivalente a un sobrecosto de 231% con respecto a los 100 mil millones que se nos dijo costaría.
Por supuesto, si la cifra es cierta, el gobierno tendría mucho que explicar porque para decirlo en lenguaje coloquial “nos saldrá más caro el caldo que las albóndigas”, pues el monto equivale, a decir de El Financiero, a construir cuatro aeropuertos de Santa Lucía. Eso sin contar el hecho de que aún no se despejan las dudas sobre si el nuevo puerto tendrá capacidad para resolver la problemática que enfrenta actualmente el Benito Juárez.
Por otro lado, extraña que la ASF no realizara auditorías forenses que son las que buscan detectar desvíos o actos de corrupción al proyecto de Texcoco, decisión que implica no investigar si en efecto, como ha denunciado el presidente López Obrador, hubo daños patrimoniales al erario. Esto es importante porque la corrupción es uno de los argumentos que más ha repetido el mandatario para justificar la cancelación de la obra y hasta ahora no hay una sola investigación abierta por este tema y, mucho menos, responsables señalados.
La ASF deberá explicar lo ocurrido, pero será difícil que revierta la percepción de que se “dobló frente al presidente” lo que sin duda afectará su credibilidad futura. Por su parte, López Obrador demostró que el combate a la corrupción está en su discurso, pero no en los hechos pues hasta ahora lejos de fortalecer a las instituciones que coadyuvan para este fin, se ha dedicado a debilitarlas.