Elizabeth Ortiz.
La revisión a fondo de contrataciones electorales por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos, presuntamente vinculadas a una red empresarial que habría operado durante 27 años, representa un asunto de alto interés nacional que exige transparencia y rendición de cuentas, aseveró el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra.
Ante este escenario, el gobernador Alejandro Armenta Mier manifestó su respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dio instrucciones precisas de esclarecer los hechos y garantizar condiciones de certeza y legalidad de cara a las elecciones de 2027.
Antecedentes de la investigación y red de proveedores
Al detallar los avances del caso, García Parra explicó que la información presentada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, identifica al menos seis empresas vinculadas a una misma estructura, cuyos integrantes habrían participado sistemáticamente en licitaciones y adjudicaciones con organismos electorales.
Asimismo, el funcionario puntualizó precisiones sobre la trayectoria de la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei:
- Su designación como consejera electoral en Sonora ocurrió en 2014, durante la gestión de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE).
- Su nombramiento como presidenta nacional del INE en 2023 se llevó a cabo mediante el proceso constitucional de insaculación.
García Parra enfatizó que la investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias y revisar exhaustivamente los mecanismos de contratación, manteniendo el respeto a la autonomía del INE y los OPLES, sin anticipar juicios ni vulnerar el debido proceso.
Impacto y revisión de contratos en Puebla
En el ámbito local, la administración estatal detectó contratos asignados a este esquema de proveedores por:
- 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023.
- 129.7 millones de pesos acumulados entre 2024 y 2025.
Por ello, el Gobierno de Puebla reafirma su colaboración total con las autoridades fiscalizadoras para auditorías integrales, garantizando que el proceso democrático del 6 de junio de 2027 se desarrolle con certeza, legalidad y respeto a la voluntad popular.
Combate a la corrupción y cero tolerancia estatal
Finalmente, se ratificó que el gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier mantiene una política inflexible de combate a la corrupción. Como parte de estas acciones, a nivel estatal se ha procedido con la separación de 315 servidores públicos por incurrir en diversas irregularidades administrativas.
Con estas medidas, la administración estatal refrenda su compromiso firme con el cuidado del presupuesto público, la rendición de cuentas y la entrega de resultados transparentes en beneficio de las y los ciudadanos poblanos.
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