El 1 de septiembre de 2025 marcará un antes y un después en la historia del Poder Judicial en México. Ese día entrará en funciones la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), conformada por nueve ministras y ministros electos en las urnas, un hecho inédito tras la reforma judicial de 2024.
Por primera vez, los integrantes del máximo tribunal del país no fueron designados por el presidente de la República ni por el Senado, sino por el voto directo de la ciudadanía, en un ejercicio democrático que abre un nuevo capítulo en la justicia mexicana.
Una Corte electa por el pueblo
El proceso electoral del pasado 1 de junio de 2025 permitió que millones de mexicanos eligieran a quienes habrán de ocupar la toga en el máximo tribunal constitucional. Con ello, la Suprema Corte se convierte en un órgano renovado y con un perfil ciudadano, aunque voces críticas advierten sobre posibles riesgos para su independencia.
La reforma judicial estableció que los cargos no tendrían la misma duración. El artículo tercero transitorio definió periodos escalonados: algunos de ocho años, otros de once y, en el caso de ministras que ya formaban parte de la SCJN, plazos más largos que extenderán su presencia en el tribunal hasta más allá de 2035.
La nueva integración está conformada por cinco mujeres y cuatro hombres, lo que también representa un avance en materia de paridad de género.
Hugo Aguilar Ortiz, nuevo presidente de la SCJN
Con 6.2 millones de votos (5.3%), el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz fue el candidato más votado y, en consecuencia, será el nuevo presidente de la Suprema Corte. Con estudios en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ha trabajado en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y colaborado con la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU.
Su mandato será de 11 años, hasta 2036. Aguilar ha prometido reducir los salarios de la Corte y coordinar esfuerzos con el SAT para combatir la evasión fiscal.
Ministras con periodos prolongados
Tres ministras que ya formaban parte de la SCJN extendieron su mandato gracias a la reforma:
- Lenia Batres Guadarrama, con 5.8 millones de votos (5.0%), permanecerá 16 años, hasta 2039. Ha sido legisladora y asesora en la Consejería Jurídica de la Presidencia.
- Yasmín Esquivel Mossa, con 5.3 millones de votos (4.5%), seguirá 17 años, hasta 2042. Cuenta con una amplia trayectoria académica y judicial.
- Loretta Ortiz Ahlf, con 5.0 millones de votos (4.3%), tendrá un periodo de 15 años, hasta 2040. Ha sido legisladora, consejera en la Judicatura Federal y académica.
María Estela Ríos González, la abogada laboralista
Con 4.7 millones de votos (4.0%), María Estela Ríos ocupará el cargo por 11 años, hasta 2036. Fue consejera jurídica de la Presidencia en la administración de Andrés Manuel López Obrador y es especialista en derecho laboral y ciencias políticas.
Los nuevos rostros de la Corte con mandatos de ocho años
Varios de los ministros electos permanecerán hasta 2033, con periodos de ocho años:
- Giovanni Azael Figueroa Mejía, académico y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, con 3.7 millones de votos (3.1%).
- Irving Espinosa Betanzo, exmagistrado administrativo en la Ciudad de México, con 3.6 millones de votos (3.1%).
- Arístides Rodrigo Guerrero García, excomisionado presidente del Instituto de Transparencia de la CDMX, con 3.6 millones de votos (3.1%).
- Sara Irene Herrerías Guerra, exfiscal especializada en Derechos Humanos de la FGR, con 3.3 millones de votos (2.8%).
Una Corte paritaria y con retos inmediatos
La llegada de esta nueva integración de la SCJN coincide con un clima de debate sobre la autonomía judicial. Si bien la elección ciudadana se considera un paso hacia la democratización de la justicia, también existen dudas sobre el grado de independencia que mantendrá el máximo tribunal frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Entre los principales desafíos de la Corte están:
- Garantizar imparcialidad en los fallos pese a haber llegado por vía electoral.
- Revisar el presupuesto 2026, que algunos ministros han anunciado será objeto de ajustes.
- Fortalecer la defensa de los derechos humanos en un país marcado por la violencia y la desigualdad.
- Consolidar una Corte paritaria que refleje la diversidad social y política del país.
El inicio de funciones este 1 de septiembre de 2025 será observado de cerca tanto por la sociedad mexicana como por organismos internacionales. Se abre así una nueva etapa en la historia del Poder Judicial mexicano, con una Corte que, por primera vez, emana directamente de las urnas.
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