Con 349 votos a favor de Morena y aliados, la Cámara de Diputados aprobó la expedición de una nueva Ley de la Guardia Nacional y reformó nueve leyes secundarias, consolidando el marco legal que la adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La medida, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 5 de junio, ha generado un intenso debate, con la oposición alertando sobre la “militarización plena” de la corporación y la preocupación por sus nuevas facultades de inteligencia.
Un Cambio de Paradigma en la Seguridad Pública
La decisión marca un hito significativo en la evolución de la Guardia Nacional, creada en 2019 con un supuesto carácter civil para garantizar la seguridad pública. A pesar de su origen civil, desde sus inicios incorporó personal militar, con la promesa de una transición hacia un componente netamente civil. Sin embargo, las reformas de 2022 y 2024 sentaron las bases para su plena integración a la estructura militar.
La reforma de 2022 extendió hasta 2028 la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública, y la modificación constitucional de 2024 formalizó la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA, desvinculándola de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La nueva ley y las reformas aprobadas por los diputados – que ahora pasarán al Senado – concretan este proceso, otorgando a la SEDENA el control operativo y administrativo total sobre la Guardia Nacional.
Nuevas Facultades y la Preocupación por el Espionaje
Uno de los puntos más polémicos de la nueva legislación es la concesión de atribuciones a la Guardia Nacional para realizar tareas de investigación e inteligencia, incluyendo operaciones encubiertas, vigilancia y rastreo en la red pública de internet, y el acceso a información de usuarios de celulares en tiempo real y por georreferenciación.
La oposición, con 132 votos en contra (PAN, PRI y MC), ha expresado su profunda preocupación, denunciando la militarización de la seguridad pública y alertando sobre las posibles implicaciones de estas nuevas facultades en materia de espionaje. Legisladores como Guillermo Anaya del PAN, han enfatizado que “la seguridad pública no se construye desde los cuarteles militares”, abogando por un enfoque de proximidad y construcción de tejido social con policías de rostro humano.
Adecuación del Marco Jurídico y Régimen Militar
Las reformas aprobadas impactan directamente en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Educación Militar, la Ley de Ascensos y Recompensas, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el Código de Justicia Militar, y el Código Militar de Procedimientos Penales.
El objetivo principal de estos cambios es establecer que la formación, educación, organización interna, ascensos y régimen de responsabilidades de los elementos de la Guardia Nacional tendrán un carácter militar, quedando bajo el mando de la justicia militar.
Esto implica la eliminación de la antigua redacción del artículo 4 de la Ley de la Guardia Nacional, que la definía como una institución de seguridad pública de carácter civil. La nueva ley establece que es una “fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría” (de la Defensa Nacional).
Te puede interear: FGE logra sentencia de más de 23 años de prisión
contra responsable de homicidio en Zacapala