@lvelezi
Este martes, a pesar de las advertencias de expertos, la bancada de Morena en el Senado pretende aprobar una reforma para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que representa serios riesgos para la seguridad de las personas que utilizan celulares, cuyos derechos a la privacidad, la presunción de inocencia, la protección de datos personales y el acceso a tecnologías de comunicación podrían ser gravemente vulnerados. Con ello nuestro país se sumaría a naciones autoritarias como Venezuela, China o Afganistán que son las únicas que tienen padrones de esta naturaleza.
Se trata de una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fue aprobada en diciembre pasado por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados y que crearía un padrón integrado por el número de serie de la tarjeta SIM y la información personal (nombre, dirección, nacionalidad y número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población, entre otros) y biométrica (huellas, iris y rostro) de los usuarios con el argumento de que este registro disminuirá los delitos de extorsión y secuestro. Las autoridades podrán acceder a la información sin una orden judicial de por medio.
La realidad es que el padrón será inútil para reducir este tipo de crímenes, pues evidentemente los delincuentes no usarán teléfonos vinculados a sus datos personales para cometer actos ilícitos. Además, las autoridades ya cuentan con otras herramientas para combatir los delitos como el acceso a la localización geográfica en tiempo real de teléfonos móviles y a los datos en poder de los concesionarios de telecomunicaciones.
Al respecto, la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D) enfatizó que “asumir que las redes criminales usarán teléfonos asociados a su identidad para cometer sus delitos es inverosímil y falto de sentido común”. Explicó que los delincuentes utilizan diversas técnicas para la suplantación de números telefónicos, tales como la clonación y duplicación de tarjetas SIM; el uso de tarjetas SIM de otras jurisdicciones en las que no existe un registro (como Estados Unidos); la utilización de servicios de voz sobre IP (VOIP) y el robo de teléfonos móviles.
De hecho, esta organización experta sostiene que el pretendido padrón es una reedición del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), promovido durante el gobierno de Felipe Calderón por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Durante la operación del RENAUT, el delito de extorsión aumentó 40% y el de secuestro 8%.
El IFT ratifica esta afirmación y añade que la integración del padrón podría incentivar el robo de celulares y el registro de líneas apócrifas tal y como ocurrió durante la operación del extinto RENAUT que no sólo no disminuyó los delitos, sino que incentivó otros y puso en riesgo la información de millones de personas, pues el padrón se vendía por unos cuantos pesos en el mercado negro de información.
El problema fundamental es que en el mundo no hay evidencia de que un padrón de esta naturaleza impacte en la reducción de delitos y si hay mucha de que los usuarios estarán en graves riesgos si sus datos se manejan inadecuadamente o si pierden o les roban el teléfono y con él se comete algún delito. Esto último porque la reforma establece que los actos realizados desde una línea telefónica se atribuyen a la persona registrada, quien deberá demostrar que no fue responsable de la comisión de hechos ilícitos, lo que atenta contra el derecho a la presunción de inocencia.
Además, los riesgos de que se vulneren las bases de datos son enormes y eso pondría en peligro la privacidad y seguridad de las personas ¿O usted confía en que las empresas telefónicas y el IFT garantizarán la protección y no vulnerabilidad de las bases de datos?
Finalmente, la creación del padrón costaría al erario alrededor de 109 millones de pesos en el primer año y 88 millones cada año subsecuente, según ha estimado el IFT el que junto con representantes del sector, ha advertido también sobre el riesgo de afectar la conectividad y comunicación de millones de personas en nuestro país que no podrían contratar una línea telefónica móvil por carecer de identificación oficial debido a que no existe ninguna que sea obligatoria en México.
Veremos si este día, los senadores de Morena recapacitan y dan marcha atrás a la aprobación de esta reforma que es claramente violatoria de nuestros derechos.